NUEVO: REVISION 2013 MAPA RUIDOS CASTELLON

Está a exposición pública la revisión del plan acústico municipal de 2007. Consulta los documentos pinchando en este enlace.

martes, 12 de octubre de 2010

Girona - Espanta estorninos.

Plaza Poeta Marquina

Los vecinos piden la retirada de los espantapájaros

Los comerciantes recogen firmas para que las aves se acostumbran «en un periodo breve de tiempo»

Diari de Girona – 08-10-10 - GIRONA | J. BADENES

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Un grupo de vecinos y comerciantes de la plaza Poeta Marquina han empezado a recoger firmas contra los altavoces para ahuyentar a los estorninos, las molestas aves que siguen extendiendo su alfombra de excrementos en la calle. Los comerciantes explican que «no es ninguna solución para que sigan aquí y lo único que hacen es asustar las personas». Avisan de que «no hay ninguna solución que haya funcionado, excepto la poda de los árboles, y no queremos detenernos hasta que no encontramos la manera de echarlos». Los afectados afirman que «hemos perdido clientes y muchos vecinos ya no aparcan ni por las noches para no encontrarse los coches llenos de mierda».


Como si la cadena trófica se hubiera alterado, los rapaces, lejos de asustar a los estorninos, han acabado provocando decenas de víctimas entre los ciudadanos: el ruido es más molesto incluso que los propios excrementos, que además no han desaparecido.


Los comerciantes explicaron que llevan más de diez años batallando contra la plaga y que «el Ayuntamiento no ha conseguido nada que funcione". Sólo admiten como excepción «los años que se podaron los árboles para que se desacostumbrado y marcharan», explica uno de los propietarios de tiendas del sector. Sin embargo reconocen que no se pueden cortar las ramas cada año para que se harían perder los árboles, pero lamentan que el Ayuntamiento haya desistido de encontrar una solución.


En la recogida de firmas lamentan que «los sucesivos sistemas instalados no han sido objeto del seguimiento necesario para hacerlos efectivo». Denuncian que «este año no se ha visto el personal municipal controlando el funcionamiento de los altavoces instalados, ni preocupándose de hacer coincidir su puesta en marcha con el horario de llegada de los pájaros». Afirman que «si así lo hubieran hecho se habrían dado cuenta de la absoluta inutilidad de estos ruidos repetitivos, los que acostumbran las aves en un breve periodo de tiempo».

Más suciedad

Los vecinos relatan que «no sabemos si es por el aumento del número de aves, por la climatología más calurosa y húmeda de este último verano o por qué otro motivo, la situación de estos últimos meses no se puede definir con otro adjetivo que el de 'asquerosa' e incluso, peligrosa para la salud ».


Los comerciantes lamentan el hedor que sueltan las deyecciones, pero añaden que «el olor sólo es una molestia, es más preocupante el peligro para la salud que pueden comportar el montón de excrementos que hay, justamente en un espacio dedicado a la recreo de niños y adultos, con paradas de transporte público y escolar y donde también se sirve comida al aire libre ».


Afirman que hay lugares donde los peatones llegan a resbalar sobre la capa de «viscosa» que han creado las mierdas de aves.

viernes, 8 de octubre de 2010

Obligar a los ayuntamientos a atender las denuncias ciudadanas por ruido.

 

Los municipios reivindican su autonomía para sancionar el ruido

La FAMP rechaza el reglamento de la Junta y reclama su competencia

ELSA CABRIA - Sevilla – El País - 05/10/2010

La Junta de Andalucía pretende obligar a los ayuntamientos a atender las denuncias ciudadanas contra el ruido. Y si no hacen caso, abrirá expediente y mandará a sus técnicos a comprobar la queja. Pero este asunto, según la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), compete exclusivamente a los consistorios. "No aceptamos que nos dicte instrucciones", refuta su presidente Francisco Toscano.

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Toscano: "No aceptamos instrucciones, solo colaboración"

La FAMP se ampara en la Ley de Autonomía Local para dudar de las competencias que se atribuye la Junta. El artículo 9 de la normativa, que aborda la protección y defensa del medio ambiente, otorga a los ayuntamientos la capacidad sancionadora en materia de ruido. "Está clarísimo que no le compete", sentencia Toscano.

El reglamento, de próxima aprobación en Consejo de Gobierno, choca con la autonomía que reivindican los municipios. Mientras Toscano defiende que los ayuntamientos, "en general", no son laxos a la hora de sancionar los ruidos, la Junta no lo tiene tan claro. Y es que si el informe de los técnicos de la Junta resulta desfavorable, el denunciante podrá llevar a los tribunales al vecino y al Consistorio por no actuar.

La FAMP ha propuesto a la Dirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente establecer un acuerdo marco de colaboración, de carácter "voluntario", para los ayuntamientos. La idea es que crear una ordenanza tipo "para los municipios que quieran adoptarlo", puntualiza. Pero, en su opinión, cada uno debe elaborar su reglamento en materia de ruidos.

"Podemos estar de acuerdo en el fondo, pero tenemos dudas razonables de la forma", subraya Toscano. Si bien la iniciativa de ahondar en las denuncias vecinales le resulta correcta, cree que "las buenas intenciones no bastan". En este asunto, insiste, "la Consejería de Medio Ambiente no puede marcar las normas".

El reglamento que promueve la Junta propone realizar las mediciones si los ayuntamientos no disponen de medios. No solo cuando desoigan a sus ciudadanos. E incluso marca las sanciones: entre 601 y 300.000 euros, según la gravedad de la actividad. Pero, tal como subraya Toscano, este tipo de contaminación está contemplada en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) de Andalucía, de 2007. "La Junta no puede saltarse una ley mediante un reglamento. Y si la modificase en el Parlamento, la ley tiene que ampliar, no disminuir las competencias de los alcaldes".

Toscano cree que el problema es de todos: "Ni la Junta ni los ayuntamientos acaban de asimilar la nueva etapa que ha consagrado la Ley de Autonomía Local". Y es que, la normativa, que entró en vigor en julio de 2010, señala específicamente que los consistorios tienen unas competencias "propias y mínimas". Aunque Toscano asume que es un "complejo" proceso de adaptación jurídica, reclama el papel de los municipios andaluces: "Después de 30 años, somos los primeros en impulsar nuestra autonomía, no podemos dar marcha atrás".

Para evitarlo, la FAMP ya ha mantenido los primeros contactos con Medio Ambiente. En estas reuniones, ha defendido un reglamento por cada ayuntamiento que, elaborado por técnicos "asesorados por la Junta y por la Federación", sea aprobado en el pleno municipal.

miércoles, 6 de octubre de 2010

Albacete Contra el Ruido tramita una media de 160 denuncias al año

 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL RUIDO

La asociación, presidida por Francisco Sánchez, considera que Albacete es una de las ciudades más ruidosas de Castilla-La Mancha, puesto que «no se ha llevado a cabo una persecución de los maltratadores acústicos»

La Tribuna de Albacete - 29/04/2010 - NANI GARCÍA

Imagen de tráfico en la ciudad, una de las principales causas de ruido.R.SERNA

El ruido representa un importante problema ambiental, constituyéndose hoy día como uno de los contaminantes atmosféricos más agresivos, además de ser el causante de trastornos físicos y de desequilibrios psicológicos en las personas sometidas a ciertos niveles de ruido, según la Plataforma Estatal de Asociaciones Contra el Ruido y las Actividades Molestas (Peacram), de la que es miembro la asociación Albacete contra el ruido, que considera que nuestra ciudad es una de las más ruidosas de la región.


«Albacete es, posiblemente, una de las ciudades más ruidosas de Castilla-La Mancha, puesto que no se ha llevado a cabo una persecución de los contaminadores acústicos», declaró el abogado de la asociación Albacete Contra el Ruido, Andrés López, manifestando que, anualmente, reciben en torno a 600 consultas sobre contaminación acústica, que derivan en unas 160 denuncias, aproximadamente.


Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Conciencia por el Ruido, Andrés López habló de cómo se encuentra la ciudad en este sentido, detallando cuáles son los ruidos que más afectan a los albaceteños, según su experiencia, y qué soluciones se proponen para evitar que aumente el número de víctimas por la contaminación acústica.


El abogado de la asociación albaceteña manifestó que «las víctimas del maltrato acústico tienen la sensación de que las autoridades no hacen lo suficiente para luchar contra la lacra que supone el maltrato acústico, de tal manera que los agresores se sienten alentados por una administración excesivamente dulce».


Así, consideró que los Ayuntamientos creen en el liberalismo económico y no tienen en cuenta que la Constitución Española dice que «por encima del desarrollo económico está el medio ambiente, la salud y el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de domicilio».


Problemas. El principal problema de ruido que afecta a los ciudadanos es el derivado de las actividades que tienen que ver con la Hostelería, pues «algunos locales no están insonorizados y no disponen de los aislamientos verticales y horizontales que los separan de los domicilios», dijo López.


Además, añadió que el tráfico también provoca contaminación acústica porque no se ha llevado a cabo desde el Ayuntamiento de la ciudad «la unificación y la creación del carril bici de manera operativa».


En este sentido, afirmó que la ciudadanía percibe que «los encargados de velar por la calidad de la vida y el medio ambiente no dan ejemplo».


Lamentó también que hay mucha gente que prefiere vender su vivienda a iniciar una lucha que puede ser muy larga.


El Ayuntamiento de Albacete «no es consciente» del daño que las víctimas de la contaminación acústica están padeciendo, indicó, resaltando que «no se ha pedido perdón a ninguna de las víctimas que han ganado procedimientos judiciales».


Buen Gobierno. Albacete Contra el Ruido está pendiente de que el Código de Buen Gobierno con el que quiere dotarse el Ayuntamiento de la ciudad establezca un reconocimiento público a las víctimas de la contaminación acústica.


Andrés López dijo que, si se lo permiten, harán alegaciones para que en el Código de Buen Gobierno «se establezca el parámetro de poder marcar qué concejales son buenos y serios y cuáles son los que perjudican a la ciudadanía».


Preguntado por si habría que exigir al Ayuntamiento de la ciudad que sea más beligerante en todos los aspectos relacionados con el ruido, subrayó que no se trata de que el Consistorio sea más duro, sino que «sea más realista con las personas que acuden a la oficina de Promoción Económica para decirles que el sector de la Hostelería está saturado y abrir un establecimiento con los requisitos de cerramiento acústico tiene costes muy elevados».


A este respeto, Andrés López añadió que el Ayuntamiento «exigen más requisitos para abrir una mercería que para autorizar la colocación de una terraza» y esto «no es muy razonable».

martes, 5 de octubre de 2010

Imputados 25 empresarios por la trama de corrupción en Ciutat Vella - Barcelona.

 

Irregularidades en la concesión de permisos a locales de ocio

  • Dos documentos encontrados en unos registros judiciales desentrañaron los supuestos pagos
  • Los acusados presuntamente sobornaron a un funcionario municipal a cambio de licencias

El Periódico - Jueves, 15 de julio del 2010 - J. G. ALBALAT / Barcelona

En el proceso judicial por presunta corrupción en la concesión dHeliodoro Lozano.e licencias municipales han declarado como imputados 25 empresarios del ocio y propietarios de apartamentos turísticos en Ciutat Vella, acusados de sobornar a los miembros de una trama en la que está implicado Heliodoro Lozano, que durante ocho años (entre el 2001 y el 2008) fue jefe de servicios técnicos del distrito y que después fue nombrado director de licencias y espacio público en Nou Barris. Este funcionario, suspendido de funciones, fue detenido en diciembre del 2009 y ha permanecido en prisión hasta el 13 de junio por la concesión de licencias irregulares a apartamentos turísticos, a restaurantes y a un hotel de Ciutat Vella.

Heliodoro Lozano.

Fuentes jurídicas aseguraron ayer a este diario que algunos de los empresarios imputados admitieron que pagaron sumas de dinero a la red, en la que figura también el ingeniero industrial Joaquim Quílez (implicado además en el caso Saragota). Otros propietarios de apartamentos, sin embargo, matizaron que el pago de diversas cantidades eran por otros servicios y no por soborno. Sin embargo, la jueza Elisabet Castellló y la fiscalía anticorrupción, que han impulsado las pesquisas, tienen en su poder listados que incluyen los nombres de los empresarios y las cantidades desembolsadas. Los documentos fueron hallados en el registro del despacho del ingeniero industrial y en el ordenador personal del funcionario. También está imputada Elena Ariza, que ha trabajado en el área jurídica del Ayuntamiento de Barcelona.

EL REGISTRO /

Las primeras pistas sobre estos presuntos sobornos se hallaron en la investigación que se desarrolló en verano del 2007 sobre una red de prostitución ilegal en los clubs de alterne Saratoga y Rivera, de Castelldefels, y que derivó en un caso de supuesta corrupción policial y municipal. En el transcurso de estas pesquisas se practicó una entrada y registro en el despacho del ingeniero Quílez, que fue encarcelado. Los Mossos d'Esquadra, que se encargaron de la operación, hallaron allí un papel con anotaciones sobre cobros de dinero. En el mismo documento, según fuentes conocedoras del proceso, figuraba el nombre «Helio» y el reparto de las cantidades percibidas.

LOS EXPEDIENTES /

Al descubrirse este documento, la jueza, en coordinación con la fiscalía anticorrupción, abrió una investigación separada de la del Saratoga. El consistorio remitió también la denuncia de un particular al distrito de Ciutat Vella. Una conversación de Quílez y otras averiguaciones permitieron a los investigadores corroborar que ese tal «Helio» era Heliodoro Lozano. A partir de ahí, se realizó un exhaustivo examen de expedientes municipales y se acumularon pruebas sobre su relación con el ingeniero industrial y las irregularidades en la tramitación de licencias de actividad, sobre todo de apartamentos turísticos.

Lozano fue detenido y el 16 de diciembre pasado ingresó en prisión, tras declarar ante la jueza. En una entrada y registro en su domicilio, los investigadores rastrearon su ordenador y descubrieron un largo listado de nombres con una cantidades de dinero relacionadas. En ese documento, figuraba el hotel de Ciutat Vella. A partir de ahí, empezaron a declarar los empresarios y dueños de apartamentos.

AMENAZAS A LA CONCEJALA /

A Lozano y Quílez se les imputan varios delitos de cohecho (soborno a funcionarios), aunque al segundo también se le atribuyen amenazas. La víctima de estas coacciones fue la que era concejala de Ciutat Vella, Itziar González, que dimitió el pasado abril y ha declarado durante el proceso judicial. Fue precisamente con la llegada al distrito de González cuando Lozano cayó en desgracia. Al final, fue trasladado en junio del 2008, primero a la dirección general de Infraestructuras y Urbanismo, donde estuvo hasta marzo del 2009, y después a Nou Barris. La ahora exconcejala recibió mensajes amenazadores y sufrió un robo en su casa, lo que provocó que se le diera protección policial. Tambíén fue presionada por la trama la gerente de Ciutat Vella y otra funcionaria, que ha tenido que abandonar su trabajo.

domingo, 26 de septiembre de 2010

Crónicas. A todo volumen

Documental RTVE

Diez millones y medio de españoles viven con el umbral del ruido más alto de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Muchos lo aguantan como mal necesario pero cuando el ruido se vuelve insoportable hay quien empieza su particular batalla judicial y cada vez son más.


sábado, 4 de septiembre de 2010

Gandía: control del botellón.

 

A FONDO

La Policía de Gandía hace frente a la fiesta en la calle

Onda Cero , 03.09.2010 | a3n

Gandia 

La contaminación acústica generada por todos aquellos jóvenes que llevan la fiesta a las calles puede suponer multas de hasta 750 euros.

Coches discoteca con la música a todo volumen, botellón y sobre todo mucho ruido. Algunas ciudades del Levante sufren esta práctica incómoda para los vecinos de la zona que se quejan porque no pueden descansar.

La contaminación acústica puede suponer multas de hasta 750 euros. Los reporteros de A Fondo han acompañado a la policía local de Gandía para ver como hacen frente a estos jóvenes que llevan la fiesta a la calle.

miércoles, 1 de septiembre de 2010

Exposición pública del Plan Acústico del T.M. de Valencia.

 

En el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana del día 30 de agosto se ha publicado:

  • Ayuntamiento de Valencia
    Información pública del plan acústico. [2010/9381]

    En virtud de lo dispuesto en los artículos 24 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, y 15 del Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica, y de conformidad a lo acordado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2010, se aprueba el Plan Acústico del término municipal de Valencia, siendo accesible su contenido en el espacio web del Servicio de Contaminación Acústica, en http://www.valencia.es/
    Lo que se hace público para general conocimiento.
    Valencia, 16 de agosto de 2010.– El secretario: Hilario Llavador Cisternas.

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/08/30/pdf/2010_9381.pdf

 

PAM-Val

Al respecto, se puede consultar el documento:

  • PLANES DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALENCIA

En la dirección:

 

Valencia anuncia 70 millones para reducir el ruido en las calles

C. V. - Valencia – El País CV - 31/08/2010

Valencia cuenta ya con tres zonas acústicamente saturadas -las ZAS de Xúquer, el entorno de Woody y de Juan Llorens- y una cuarta -la de El Carme- en ciernes. Todas declaradas por el Consistorio a instancias de sentencias ganadas por los vecinos afectados.

Ayer, en plena polémica por el ruido en el barrio de El Carme, la concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia, Lourdes Bernal, anunció 70 millones de euros para la puesta en marcha del Plan Acústico, en vigor tras su publicación ayer en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana. La corporación elaboró los mapas estratégicos de ruido y completó una primera fase que suponía "la realización del diagnostico de la situación acústica, la exposición al ruido ambiental con la indicación de la naturaleza o fuentes de ruido a que obedecía", ha explicado Bernal. Tras esta fase, se estudiaron medidas concretas a poner en marcha, con carácter preventivo o correctivo, mediante planes de acción -a los que obliga la Ley- en materia de contaminación acústica.

Los planes prevén elaborar una cartografía del ruido, evaluar el número de personas expuestas, determinar los problemas que deben mejorar, incluir las alegaciones recibidas en tramite de información publica y explicar medidas que ya se aplican o las acciones previstas. Bernal aseguró que el documento no quedará en una mera declaración de intenciones.

Donde vive el ruido

 

El sonómetro desborda los límites saludables en la calle Quart de Valencia

S. SALEH / M. COMES - Valencia – El País CV - 30/08/2010

Ocho restaurantes, tres tiendas de ropa, dos gimnasios, dos tiendas de bebidas y alimentos, dos discotecas, una inmobiliaria, una librería, una autoescuela y una farmacia. Hasta aquí todo normal, una calle como otra cualquiera, si no fuera porque según el estudio sonométrico que se realizó entre mayo y septiembre en el barrio del Carmen de Valencia, esta calle, la de Quart, es la vía más ruidosa del barrio.

image Tráfico rodado en la calle Quart, en el centro histórico de Valencia, la madrugada de ayer.- SANTIAGO CARREGUÍ

"Deberían cerrar los locales que no tengan todo en orden para dar ejemplo"

La concejal socialista, Carmina del Río, afirmó el pasado miércoles que la calle superó los 65 decibelios, límite que fija la Organización Mundial de la Salud, entre el 21 de mayo y el 3 de septiembre de 2009, los 96 días en que se realizó el seguimiento.

El Ayuntamiento de Valencia acordó el pasado 30 de julio declarar el barrio Zona Acústicamente Saturada (ZAS), nueve meses después de que el juzgado número cuatro de Valencia obligara al equipo de gobierno local a finalizar los trámites para hacer efectiva la declaración en este barrio de Ciutat Vella.

Concretamente, los vecinos que residen en la calle Quart aseguran que dormir es una cuenta pendiente desde hace años y que el ruido comienza desde las diez de la noche y se prolonga hasta la madrugada.

Acusan a las aglomeraciones de gente frente a los locales de ocio nocturno y exculpan al tráfico. Hasta hace unos meses un sonómetro daba cuenta de los altos niveles de ruido que soportan los vecinos pero después lo retiraron sin previo aviso.

Del Río explicó que el tráfico rodado en esa calle, principal salida de El Carmen, es lo único que podría justificar registros por encima de los 60 decibelios a cualquier hora de la noche, siete días a la semana y dice que habrá que esperar a que se aplique la restricción del tráfico a no residentes entre las 22.00 y las 8.00, una de las medidas incluidas en la ZAS, para comprobar la incidencia del tráfico en los niveles de ruido.

Otra de las medidas cautelares previstas que se pondrán en marcha a partir de septiembre será no conceder nuevas licencias para bares y tiendas de conveniencia. Pero mientras la declaración no se publique en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, las medidas no serán efectivas. De momento, en la calle Quart ya se han concedido dos nuevas licencias para una hamburguesería y una tienda de conveniencia.Aún así, los vecinos dicen que la calle de Quart no es la única acústicamente saturada, sino que desde las calles de Bolseria, Quart y Caballeros se abre un abanico de gritos, canciones y motores de coche que desembocan en la plaza del Tossal para seguir creando un pasadizo de sonidos que los vecinos apenas son capaces de resistir.

"No es la fiesta, es el jaleo lo que molesta", dice una vecina que pasea a media mañana por la calle del Pintor Zariñena. Pero al final sentencia que a ella le gusta vivir en El Carme "porque está vivo". Y es que descanso y ocio son compatibles.

Dos amigos, también vecinos de la zona, hablan cerca de la plaza del Tossal, ambos dicen que el problema es "la desidia municipal" y que la policía está, pero "no hace nada". No están descontentos con la vida del barrio, sino con la manera en la que el Ayuntamiento de Valencia hace "oídos sordos" a las quejas y denuncias de los que allí viven y afirman que la calle de Quart es de las más ruidosas, porque actúa de embudo hacia Guillem de Castro. Aún así, comentan que la plaza del Tossal es "el verdadero epicentro" de Ciutat Vella. Ellos llevan 30 años viviendo en El Carme y es ahora cuando están pensando que "es el momento de irse", como otros tantos vecinos deciden abandonarlo cada semana debido a la incapacidad de descansar por las noches.

Toni Cassola, presidente de la asociación Amics del Carme, pretende hacer del barrio un lugar agradable para vivir y no "una gran barra de bar". Cassola expresó, además, su indignación hacia el olor que desprende la calle de Quart que parece "un meadero municipal". Aún así, para él esta calle no es la más ruidosa y se refiere a la plaza del Árbol como una de las peores del barrio a nivel acústico.

Lo que realmente molesta a los vecinos es que no se cumplan las normas cívicas necesarias para la convivencia y una de las más importantes sería, según el presidente de Amics del Carme, el cierre de locales que no cumplen los requisitos.

Otro vecino Juan Manuel García está de acuerdo con estas declaraciones: "No deberían poner multas a locales que no lo tengan todo en orden, deberían cerrarlos directamente para dar ejemplo", dice.

Según Cassola, no existe una confrontación entre vecinos y hosteleros. En general, todos están de acuerdo: las terrazas y los locales dan vida. De hecho 400 vecinos han firmado a favor de las terrazas y locales en el barrio, según un portavoz de la patronal de hostelería. Una de las vecinas de la plaza del conde de Carlet recuerda que hace años la gente no se atrevía "ni a bajar a tirar la basura" y ahora, con los comercios, ha cambiado, aunque la delincuencia en esas calles todavía es latente y hay una falta de seguridad ciudadana".

A las cuatro de la mañana todavía hay vida en la plaza del Tossal, la gente se va moviendo y se desperdiga por las calles. Hablan, aunque todo parece más o menos tranquilo. Y la policía está de guardia, por si acaso, sin actuar.

lunes, 2 de agosto de 2010

La batalla de El Carme

 

REPORTAJE

La batalla de El Carme

Con un censo de más de 300 garitos de ocio, el casco histórico de Valencia corre riesgo de colapsarse por la sobreexplotación - Residentes y hosteleros señalan al Ayuntamiento como el culpable

ABELARDO MUÑOZ - Valencia – El País - 02/08/2010

Ciutat Vella, cuatro de la madrugada de un miércoles cualquiera en Valencia. Un residente duerme con placidez; a las siete tiene que levantarse para el curro y perder sueño es fatal. De pronto unos berridos inauditos le despiertan, vienen de la calle y llevan un rato; se asoma y contempla a una cuadrilla de niñatos británicos, botellas de alcohol en ristre, gritando a pleno pulmón su felicidad de estar en el país del pasote. El escándalo se prolonga durante casi diez minutos; el vecino está acostumbrado, mejor resignado.

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"El problema no está en los garitos y sus terrazas sino en lo que pasa después"

"Los vendedores de latas a un euro siguen haciendo su trabajo"

"La actividad hostelera ha funcionado como depredador"

"El Ayuntamiento practica una política autista, no sabe, no contesta"

Pero lo que le quita el sueño esa noche es ver atónito a un coche patrulla parado en un chaflán de la calle y se deprime ante el hecho de que los policías no hayan intervenido para silenciar a los alborotadores nocturnos, como si no fuera con ellos. La secuencia pertenece al laberinto de chapuzas del Ayuntamiento de Valencia. Y los agentes de la Local no tienen culpa alguna. Hay tres unidades diferentes para ocuparse del barrio; la policía de barrio de día; la unidad central pasa a tomar el control de noche y luego están los grupos operativos que van donde haga falta, eso si llegan. Si uno llama de madrugada al 092 para denunciar un escándalo bajo su casa puede esperar sentado a que lleguen a tiempo. Las patrullas nocturnas son escasas y tienen problemas más graves que atender, se supone. En realidad, en ocasiones malgastan su tiempo en servicios absurdos como levantar a un borracho del suelo y meterlo en un furgón SAMU. Pero no hay patrullas que repriman el escándalo que se forma a la salida de los tugurios de copas. El botellón megagamberro de plazas como El Carme o Vicente Iborra, desapareció a base de mangueras de agua a presión, de momento. Pero es un parche. El descontrol de garitos y licencias nocturnas, caos de terrazas y escándalos de gamberros sigue igual. No se ve un plan por ningún lado. El PP que dirige la ciudad mira a otra parte cuando se trata de Ciutat Vella.

"El sábado había varios coches patrulla y un montón de polis en la plaza del Tossal; toda la calle de Cavallers llena de paquistaníes vendiendo botes de cerveza de estrangis y ellos tan panchos, charlando", dice Carmela, residente de 30 años, que vive cerca de la plaza más concurrida de la zona. "Aquí de noche viene gente de todo tipo, desde colgados a pijos y no hay conflictos. Lo que me molesta como vecina es el nulo control del Ayuntamiento en el barrio. El problema no está en los garitos y sus terrazas sino en lo que pasa después".

Lo que acontece después es que una vez cerrados los lucrativos negocios del alcohol, la masa noctámbula puede seguir bebiendo y comiendo hasta el alba. De eso se encargan no sólo los pobres inmigrantes indostánicos que venden lo que ellos tienen prohibido, una lata de cerveza a un euro sino también sus colegas de los kebab que con licencia de comidas no cierran hasta muy tarde.

Presas del pánico por la mengua de caja que supondrá la recién anunciada declaración de zona acústicamente saturada (ZAS) para Ciutat Vella, los botiguers de las tabernas convocaron una rueda de prensa en el pub Sant Jaume, (antaño pintoresca farmacia) para defenderse y proclamar que ellos no son responsables del ruido sino la falta de control municipal nocturno de ciertas ilegalidades como la venta de alcohol por la calle.

Campa, dueño del Cafetín, garito con 24 años de existencia, sintetiza su opinión sobre el asunto: "Los hosteleros no tenemos la culpa del ruido, cuando las terrazas están llenas no se oyen, sucede que al cerrar la gente se desmadra por las calles y es incontrolable. El problema es que los kebab no están regulados. Piden licencia de negocios de comida para llevar. Creo que hay un vacío legal y, claro, permanecen abiertos hasta las cuatro de la mañana. Los vendedores de latas a un euro siguen haciendo su trabajo y no parece que la persecución policial les afecte. Ahora llevan bolsas de plástico pues antes les confiscaban las latas y las mochilas".

Para los más avisados del problema el ruido ha sido consustancial a El Carme, desde los tiempos de Campsa 13 y Barro, legendarios garitos de la calle de Ripalda que inauguraron la reconversión del barrio antiguo de zona menestral y arruinada por la riada del 59 a flamante mascarón de proa de la modernidad y el desfase a la valenciana. Casi una marca registrada como la horchata. Más allá del folclore la única realidad es que el asunto se le ha ido al Ayuntamiento del PP de las manos.

"Cuando se inició la especulación, tolerada con desvergüenza por la autoridad municipal de uno y otro color, comenzaron los problemas. Compraban pisos a cuatro duros, los arreglaban y los vendían por millones. El caso es que hay personas que han comprado un piso a precio de lujo y luego caen en la cuenta de que éste no es un barrio residencial sino que está enfocado al ocio y el bareteo", explica Carmela.

Y ahí parece estar el quid de la cuestión. Muchos de esos residentes, hartos del follón, se unieron en Amics del Carme, asociación cívica de resistencia creada sobre las ruinas de la histórica Asociación de Vecinos que creó el PCPV en los años 70 y que entre otras cosas impidió que se prolongara la avenida del Oeste hasta el río, que así lo tenía proyectado el urbanismo de la dictadura. Amics del Carme denuncia sin descanso los desfases y persigue sin cesar a concejales y policías para que pongan orden como manda la ley.

Ocho de la tarde en un bajo del número 52 de la calle Alta. En la minúscula sede de Amics del Carme están reunidos Toni Casola, portavoz de la entidad, varios socios más y dos agentes de la policía local de El Carme. Uno de ellos es oficial jefe. Es el encuentro habitual de los lunes, pero esta vez la cosa se pone fea. Un vecino más que enfadado histérico, le dice perrerías al jefe de la policía mientras este mira al suelo. La escena es insólita pero evidencia el clima de desencuentros que existe en el barrio. Toni Casola, incansable activista vecinal, es tajante: "El titular de tu reportaje no es "vecinos versus hosteleros", es vecinos y hosteleros versus Ayuntamiento de Rita Barberá".

Se ha disculpado por la escena con los policías, dice que no es siempre así pero que un socio estaba picado por las molestias de una pantalla en la calle, el pasado Mundial.

"Desde la riada del otoño del año 1959 el barrio de El Carme no ha levantado cabeza. Ha sufrido un proceso de degradación, ha perdido su tejido social. La actividad hostelera ha funcionado como depredador. Se han producido surrealismos como el de que por una ferretería han pagado una millonada y el Ayuntamiento ha sido incapaz de organizar esto. El fracaso de la gestión del casco histórico se lo reparten el PP y el PSOE. Son los vecinos los que se han gastado los cuartos rehabilitando".

Casola alerta de la sobreexplotación del casco histórico que está produciendo su colapso. Cosa curiosa es saber que el arzobispado posee muchos solares y edificios debido a que recibe con frecuencia las herencias de abuelitas sin testar.

"Hay una moratoria sobre nuevos locales y es posible que finalmente consigamos la ZAS, pero la situación es surrealista: para averiguar las normas administrativas tenemos que ir a los jueces; el Ayuntamiento practica una política autista, no sabe, no contesta".

Los Amics del Carme tienen un área de actuación que no se limita al barrio de la morería, implican la calle de Cavallers y parte de La Xerea, así como Corretgería, Collado y alrededores. Los que tienen problemas de garitos bajo sus casas. Casola se sorprende a diario con movidas extrañas y contradictorias. "Cierra un horno en Cavallers y luego en ese mismo local no se permite un bar por cercanía con otro. A los tres meses el Ayuntamiento y el del bar se ponen de acuerdo y ya tenemos un nuevo garito. Para nosotros eso huele a un chalaneo con el departamento de actividades diversas que dirige Vicente Igual. Y a nosotros no nos informan de nada. El oscurantismo sobre el barrio es tal que para saber las licencias de las terrazas que existen por doquier hemos tenido que ir a pleitos".

En la reunión de los vecinos con los policías de la calle Alta la discusión sube de tono. Hace un calor de mil demonios y José Ramón le está diciendo lo que no está escrito al jefe policial. Que si prometisteis que controlaríais y no lo hicisteis. No hay acuerdo, incluso los lenguajes son diferentes. Uno de los policías de barrio presente, apreciado por el sentido común de sus patrullas, habla de la normativa con calma, tratando de contrarrestar la histeria del vecino. "En una denuncia por contaminación acústica tiene que citarse al receptor y al emisor, usted ya lo sabe...".

El caso es que un puntual problema de dos semanas atrás ha bloqueado el diálogo entre policías, vecinos y periodista, como una metáfora perfecta del problema del barrio. En la Asociación vecinal tienen una lista de locales: 324, tugurio más garito menos. Son muchos. O un cambio radical o el colapso.

domingo, 1 de agosto de 2010

Ruido y ocio sostenible

 

Ruido y ocio sostenible

XAVIER CASALS  - El País - 01/08/2010

Barcelona está "aturdida por el ruido", destacó este periódico el 26 de julio. Lo ilustró con un contundente dato: el 84% de las quejas que la Guardia Urbana recibió entre enero y mayo fueron debidas a "jaleo de la calle, el bar o el vecino", y apuntó que el Consistorio prepara una nueva ordenanza de Medio Ambiente Urbano más restrictiva ante la contaminación acústica. Pero a juzgar por la información publicada, no parece que ésta vaya a sancionar a los centros de ocio que la generan de modo indirecto.

Si las empresas de ocio tuvieran que asumir responsabilidades sociales la realidad cambiaría

Nos referimos, por ejemplo, a penalizar tiendas de comida para llevar, que convierten las plazas en merenderos, o bares y locales nocturnos en cuyos alrededores afloran como hongos jóvenes que practican el botellón sentados en calles y plazas. Celebran de este modo fiestas low cost, orinan en la vía pública o en rellanos y dejan su tarjeta de visita con vómitos, tags de rotulador, retrovisores de vehículos rotos o cabinas telefónicas destrozadas. Por si estas molestias fueran pocas, los sufridos vecinos deben llamar a la Guardia Urbana para que los desaloje -no suelen irse hasta la madrugada- y es necesario organizar dispositivos policiales periódicos para evitar su expansión.

Estos negocios asociados a problemas de vandalismo (incivismo, según la nebulosa y ridícula terminología imperante) saben que no serán sancionados si cumplen las ordenanzas municipales. Además, es difícil para el Ayuntamiento limitar sus horarios, pues compete a la Generalitat determinarlos. El resultado es que tales establecimientos emiten un "efecto llamada" perverso y las autoridades deben invertir recursos en seguridad para limitar los efectos descritos y reparar destrozos continuados. Ello crea una paradoja: los ciudadanos perjudicados por los vándalos ven cómo se dedica parte de sus impuestos a financiar a los policías que los controlan y disuelven, de modo que, además de ser víctimas de sus jolgorios, están obligados a un indeseable copago de los mismos.

Estamos, pues, ante negocios éticamente reprobables y cada vez más costosos para la Administración en términos de mantenimiento de mobiliario urbano, seguridad y limpieza, por lo que constituyen un ocio no sostenible. Esta cuestión alarmante no hace mella en nuestros políticos, que parecen asumir su presencia como parte del paisaje urbano. Sin embargo, si la extrapolasen a la esfera medioambiental advertirían que al hacerlo cometen un despropósito: ¿Pueden imaginar una empresa que ensucia y perjudica a la población ubicada en el corazón del tejido urbano? ¿Verdad que les resultaría inconcebible? En cambio, consideran normal que entes de ocio nocivos perfectamente identificados permanezcan ahí porque la ley lo permite. Pues bien, lo razonable sería que procedieran a cambiarla de modo inmediato, ya que tales comercios -al igual que las industrias contaminantes- se deberían clausurar, instalar en polígonos alejados de núcleos de población o tener horarios drásticamente limitados.

En este sentido, estamos convencidos de que si no se asume la sostenibilidad del ocio como estrategia solo se paliará el ruido, pero no se acabará con él. Lo ilustra el caso de la sala KGB, cuyo eventual cierre han planteado unos 300 vecinos al Consistorio. Cuando trascendió recientemente que en sus alrededores cientos de jóvenes hacen botellón cada jueves, su gerente manifestó haber realizado "todo lo posible" para arreglar esta situación y evitaba que sus usuarios pudieran salir una vez habían entrado, pero apuntó que ello se producía "tres calles más abajo" y afirmó que el botellón era un problema de civismo que se resolvería con presencia de Guardia Urbana. ¿Ven que sencillo es arreglar el asunto? Basta con poner agentes pagados por el erario público, como se ha hecho.

En este marco, si las empresas de ocio contaminantes tuvieran que asumir responsabilidades sociales -como las fábricas- la realidad cambiaría. No hay que ser un lince para saber que si éstas tuvieran que abonar la limpieza y los desperfectos que generan indirectamente en el medio urbano adyacente, indemnizar a quienes lo habitan por la falta de descanso y costear los policías que requiere mantenerlo tranquilo probablemente no serían viables económicamente. Pero mientras tales conceptos no entren en su contabilidad, los problemas descritos se reproducirán de modo cíclico por un motivo obvio: ensuciar es gratis. ¿Hasta cuando el Consistorio barcelonés -gobierno y oposición- tolerará esta impunidad?