Un destierro sonado
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La presión popular obligó a un vecino de un pueblo cacereño a mudarse a 60 kilómetros
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El afectado había denunciado a la discoteca local por las molestias del ruido
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El exalcalde ha sido condenado a dos años de cárcel por alentar las protestas
El País - 4 NOV 2012 - MARTA FERNÁNDEZ MAESO
El edificio que alberga la antigua discoteca de Navalvillar de Ibor. / M. F. M.
"Vete del pueblo”. “El pueblo no te quiere”. “Maroto vete ya a tu nación”. En marzo de 2006, decenas de vecinos de Navalvillar de Ibor se reunieron frente a una casa en una iniciativa insólita: una manifestación en un pueblo de apenas 500 habitantes al este de Cáceres respaldada por su alcalde. El destinatario era Emiliano Baltasar Alonso (conocido por el mote de Maroto en el municipio), que acababa de estrenar la casa al regresar jubilado a su localidad natal tras toda la vida trabajando en Barcelona. No imaginaba, probablemente, que su lucha contra la discoteca de debajo de su casa terminaría desterrándole a 60 kilómetros.
“Fuimos todo el pueblo a favor de la discoteca y para que no se metiera con los jóvenes; se enfrentaba a todo el mundo”, explica Ana María Durán, navalvillota de 61 años, a la vuelta de un paseo una apacible tarde de esta semana. En la tranquilidad reinante, con agradables vistas a la sierra de las Villuercas, es difícil imaginar a la gente cortando la carretera y gritando consignas. Pero así lo recoge un informe de la Guardia Civil que cita una sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia. La convocatoria incluso sonó por la megafonía delAyuntamiento que gobernaba el socialista Francisco Javier Morales Cortijo, que no alcanzaba la treintena y es primo de la mujer que gestionaba el local. Ahora ha sido condenado a dos años de prisión y a pagar una indemnización de 25.000 euros a Baltasar y su esposa —parte de la acusación— por un delito de coacciones especialmente grave por su duración, los medios empleados y la afectación sobre los perjudicados, según la sentencia, que puede recurrirse.
Los problemas empezaron cuando el matrimonio se mudó en 2005 a la vivienda que habían comprado y reformado. Está en la calle de Los Granados, al lado de la carretera que atraviesa Navalvillar, y justo encima de la discoteca. El local se abrió en los ochenta, según sus antiguos propietarios: “Construimos la casa y dejamos la planta de abajo libre, y una peña nos propuso poner ahí algo”, comenta Isabel Trujillo, de 60 años, que ahora vive enfrente, donde tiene una quesería. A mediados de los noventa, cuando aún residía sobre el local, su familia lo vendió “con la condición de que lo insonorizaran”. Pero no fue así y convivieron con el ruido y las vibraciones (“sí molestaba, pero te acostumbras”, apunta Trujillo), hasta que se mudaron junto a su negocio. Años después, vendieron la vivienda a Baltasar.
Ante las quejas del nuevo inquilino, en plenas fiestas de agosto, el entonces alcalde le ofreció trasladarse con su familia a un hostal en el pueblo de al lado, para evitar el cierre de la discoteca, que había empezado a generar disturbios. El Ayuntamiento pagó 324 euros por los que la abogada de Baltasar acusó al exregidor de malversación de caudales públicos, pero el juzgado placentino le ha absuelto de este delito. Tampoco ha considerado prevaricación el retraso en resolver la situación de la discoteca. Tras varias reuniones con el Consistorio, el vecino afectado por los ruidos de la discoteca —no disponía de licencias, permisos ni estaba insonorizada, según la sentencia—, se dirigió a la Junta de Extremadura, que trasladó su petición al Consistorio. El 8 de febrero de 2006 el local quedó clausurado por la Administración local. Pero Navalvillar había perdido su acostumbrada calma.
La sentencia recoge que las gestiones de Baltasar y su mujer, y el cierre de la discoteca “dieron lugar al alzamiento de los habitantes”, en forma de “daños a sus bienes y expresiones ofensivas e intimidatorias (de viva voz o mediante pintadas), donde les injuriaban y les instaban a abandonar el pueblo”. “Él insultaba a la gente, hasta tiraba piedras”, advierte Durán, arropada por Juana Santos, de 76 años, y su nieta Soraya Mateos, de 29, familiares del exalcalde y madre e hija, respectivamente de María Ángeles Morales, entonces al frente de la discoteca. “El alcalde es mi primo, no lo puedo negar, aunque sea casualidad”, indica esta última, asegurando que el local apenas abrió desde que hubo quejas. “No tenía licencias porque lo habíamos cogido para probar cómo nos iba, ya que teníamos un bar al lado, con todo en regla”, justifica.
El regidor navalvillote respaldó una protesta en la que se oyeron lemas como "vete a tu pueblo" contra un vecino
Pese a su cierre definitivo, Baltasar se mudó y finalmente vendió la casa y la cambió por otra en Rosalejo, donde reside, según publicó el diario Hoy de Extremadura. Ya en julio de 2006, El Periódico Extremadura relató que la familia afectada acudió a pedir ayuda al subdelegado del Gobierno en Cáceres. Baltasar aseguró entonces que habían presentado 28 denuncias ante la Guardia Civil y culpaba al alcalde, que respondía que el local estaba cerrado y el tema, olvidado. Ahora el juzgado placentino le condena por apoyar, en vez de haber frenado, la movilización contra el matrimonio afectado, destacando “la afectación sobre la salud de los perjudicados”. EL PAÍS entrevistó a Baltasar y su esposa, pero este decidió luego, al cuestionar el posible enfoque, que no se publicaran sus declaraciones ni su fotografía.
“Por cualquiera que pasaba por la calle ya estaba protestando; no sé cuántas veces llamaría a los guardias”, cuenta, sobre Baltasar, María Juncal, vecina de Navalvillar de 60 años y esposa del antiguo juez de paz, que fue absuelto del delito de coacciones en la misma sentencia del exalcalde. También quedó libre de cargos el exconcejal José Luis Río, que participó en la manifestación pero al que no se tomó declaración hasta más de tres años después, cuando el delito ya habría prescrito. En el juicio, este indicó que “Emiliano (Baltasar) se ha portado muy mal con la gente del pueblo, se ha buscado enemistades y ha denunciado a todo el mundo, incluso a una asociación de mujeres”, según la sentencia.
Francisco Javier Morales Cortijo, cuando era alcalde de Navalvillar de Ibor. /CEDIDA POR HOY DE EXTREMADURA
Ni él ni el exalcalde, que rechazó hacer declaraciones, están ya en el Ayuntamiento. Morales mantiene la militancia socialista “por ahora”, asegura una portavoz del partido en Cáceres, que se remite a los estatutos del partido (que prevén la expulsión de los condenados por delitos dolosos). Ahora gobierna un independiente, Sigifredo Robledo, más preocupado por la complicada situación financiera del Consistorio. La discoteca sigue cerrada y su propietario vive en Madrid. Encima reside un trabajador de un pueblo cercano en alquiler. Los jóvenes suelen reunirse en el bar de al lado y también se trasladan a otros pueblos. Por el camino pueden cruzarse con Baltasar y su mujer que, de vez en cuando, aún visitan Navalvillar.
CÁCERES
Puso a parte del pueblo de Navalvillar de Ibor en contra de un matrimonio que obligó a cerrar la única discoteca al ser ilegal
El Periódico de Extremadura - 28.10.12 - SERGIO LORENZO | CÁCERES.
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«El alcalde con otros vecinos nos echaron. Yo trabajaba en Barcelona y al jubilarme decidí volver a mi pueblo, a Navalvillar de Ibor, con mi familia. Compramos una casa y nos tuvimos que marchar porque nos obligaron». Emiliano Baltasar, cuenta a HOY lo que le ocurrió desde la localidad de Rosalejo, en donde compró una casa en la que vivir después de tener que vender la de su pueblo.
Su historia está bien narrada en una sentencia del Juzgado de lo Penal de Plasencia, en donde la juez dice que Emiliano y su familia tuvieron que «abandonar su casa y huir», ante los continuos insultos y amenazas de vecinos del pueblo. «El coche me apareció con varias lunas rotas, me destrozaban el huerto, había pintadas contra mí y la gente se manifestaba enfrente de nuestra casa», recuerda la víctima.
¿Por qué sus convecinos estaban en su contra? Porque debido a las protestas de Emiliano se cerró la única discoteca del pueblo, y los jóvenes se tenían que ir a otros municipios a bailar.
Emiliano y su familia se fueron a vivir en el año 2005 a Navalvillar de Ibor, teniendo la mala suerte de comprar una casa en la calle Los Granados, encima de la discoteca 'Luz de Luna', en donde trabajaba una prima hermana del alcalde, el socialista Francisco Javier Morales Cortijo. La discoteca no tenía los permisos ni licencias necesarias, y tampoco estaba insonorizada.
No podían dormir de jueves a domingo. Protestó ante el alcalde, que para tener las fiestas de 'los quintos' sin problemas, alojó a la familia de Emiliano, del 16 al 19 de agosto del 2005, en un hostal de Castañar de Ibor. El Ayuntamiento pagó los 324 euros del alojamiento.
Comenzaron las amenazas y los daños a la propiedad del nuevo vecino, que se quejó al alcalde y a la Junta. La Junta llamó la atención al alcalde, que el 8 de febrero tuvo que cerrar la discoteca.
Entonces arreciaron los ataques contra Emiliano y las presiones para que se fuera del pueblo. El alcalde promovió una manifestación y sentada ante su casa el 18 de marzo de 2006. La Guardia Civil intentó impedirlo, pero el alcalde hizo caso omiso, organizó la protesta en la que se corearon frases en las que decía a la familia «¡Marchaos del pueblo!», «¡El pueblo no os quiere!», y a Emiliano «¡Vete ya a tu nación!». Al día siguiente hicieron otra protesta igual, pero la familia huyó atemorizada.
Se han sentado en el banquillo de acusados el que entonces era alcalde, un concejal y el juez de paz. Estos dos últimos han sido absueltos, pero Francisco Javier Morales, por un delito de coacciones, ha sido condenado a dos años de prisión y pagar al matrimonio una indemnización de 25.000 euros.
Vicente Dómine junto a varios técnicos y ediles, ayer en la calle Zaragoza de Castellón. :: LP
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