BENALMÁDENA
El Ayuntamiento remite al juzgado un decreto de cierre de una serie de establecimientos que incumplen la normativa vigente
Diario Sur - 24.04.11 - FRANCISCO JIMÉNEZ | BENALMÁDENA.
Los vecinos se quejan del ruido procedente de las terrazas y las discotecas. :: SUR
El cerco policial contra el ruido en Puerto Marina establecido en marzo por el Ayuntamiento de Benalmádena nada tras conocer la intención de una treintena de vecinos de llevar a los tribunales el exceso de decibelios se ha traducido en la orden de cierre de una serie de establecimientos que incumplen la normativa. No son muchos -al parecer se pueden contar con los dedos de una mano- y aún pueden presentar alegaciones, pero sí los suficientes como para intentar convencer a este grupo de residentes de que depongan su intención de presentar la demanda contra el Consistorio.
Este decreto de cierre ha sido remitido esta misma semana al juez que ha requerido al Ayuntamiento todos los expedientes que obren en su poder relacionados con esta problemática. De momento, los representantes de los 31 vecinos prefieren guardar silencio hasta tener constancia oficial de los pasos dados por la Administración local.
La advertencia de la demanda le fue notificada al Ayuntamiento el pasada 16 de febrero en forma de reclamación administrativa previa, primer paso para poder ejercer acciones legales contra cualquier ente público, instando a que se adopten «los acuerdos y medidas necesarias en inmediatas para evitar las perturbaciones por ruidos no aceptables y la contaminación acústica».
Entre estas medidas, exigían el cierre de los locales que incumplan la normativa vigente sobre ruidos; el de aquéllos con puertas y ventanas abiertas o con altavoces en el exterior; y de los que carezcan de licencia municipal o excedan su actividad del permiso que pudieran disponer. Además, también pedían el cumplimiento de los horarios de cierre y un mayor control para que las molestias por ruidos y vibraciones no superen los límites legales.
Respuesta oficial
Una vez presentada la reclamación previa, el Ayuntamiento tenía dos meses de plazo para dar una respuesta. De no producirse o ser desestimada, los afectados tendrán vía libre para formular la correspondiente demanda por la vía de lo contencioso-administrativo. Ese plazo ya ha transcurrido, así que los vecinos permanecen a la espera de una comunicación oficial.
Lo que sí hizo el Consistorio casi de forma inmediata fue la elaboración de un informe en el que figuraban todos los establecimientos ubicados en Puerto Marina con sus respectivas licencias, usos, propietarios y horarios de cierre, y su posterior traslado a la Policía Local para la puesta en marcha de una campaña de inspección focalizada hacia los pubs y discotecas.
La medida, lejos de ser criticada, fue aplaudida por los responsables de los locales de ocio que llevan más años asentados, quienes achacan el declive de la zona a aquellos negocios temporales que afloran cada verano. «No podemos pagar justos por pecadores», aseguraban.
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