NUEVO: REVISION 2013 MAPA RUIDOS CASTELLON

Está a exposición pública la revisión del plan acústico municipal de 2007. Consulta los documentos pinchando en este enlace.

lunes, 2 de agosto de 2010

La batalla de El Carme

 

REPORTAJE

La batalla de El Carme

Con un censo de más de 300 garitos de ocio, el casco histórico de Valencia corre riesgo de colapsarse por la sobreexplotación - Residentes y hosteleros señalan al Ayuntamiento como el culpable

ABELARDO MUÑOZ - Valencia – El País - 02/08/2010

Ciutat Vella, cuatro de la madrugada de un miércoles cualquiera en Valencia. Un residente duerme con placidez; a las siete tiene que levantarse para el curro y perder sueño es fatal. De pronto unos berridos inauditos le despiertan, vienen de la calle y llevan un rato; se asoma y contempla a una cuadrilla de niñatos británicos, botellas de alcohol en ristre, gritando a pleno pulmón su felicidad de estar en el país del pasote. El escándalo se prolonga durante casi diez minutos; el vecino está acostumbrado, mejor resignado.

image

"El problema no está en los garitos y sus terrazas sino en lo que pasa después"

"Los vendedores de latas a un euro siguen haciendo su trabajo"

"La actividad hostelera ha funcionado como depredador"

"El Ayuntamiento practica una política autista, no sabe, no contesta"

Pero lo que le quita el sueño esa noche es ver atónito a un coche patrulla parado en un chaflán de la calle y se deprime ante el hecho de que los policías no hayan intervenido para silenciar a los alborotadores nocturnos, como si no fuera con ellos. La secuencia pertenece al laberinto de chapuzas del Ayuntamiento de Valencia. Y los agentes de la Local no tienen culpa alguna. Hay tres unidades diferentes para ocuparse del barrio; la policía de barrio de día; la unidad central pasa a tomar el control de noche y luego están los grupos operativos que van donde haga falta, eso si llegan. Si uno llama de madrugada al 092 para denunciar un escándalo bajo su casa puede esperar sentado a que lleguen a tiempo. Las patrullas nocturnas son escasas y tienen problemas más graves que atender, se supone. En realidad, en ocasiones malgastan su tiempo en servicios absurdos como levantar a un borracho del suelo y meterlo en un furgón SAMU. Pero no hay patrullas que repriman el escándalo que se forma a la salida de los tugurios de copas. El botellón megagamberro de plazas como El Carme o Vicente Iborra, desapareció a base de mangueras de agua a presión, de momento. Pero es un parche. El descontrol de garitos y licencias nocturnas, caos de terrazas y escándalos de gamberros sigue igual. No se ve un plan por ningún lado. El PP que dirige la ciudad mira a otra parte cuando se trata de Ciutat Vella.

"El sábado había varios coches patrulla y un montón de polis en la plaza del Tossal; toda la calle de Cavallers llena de paquistaníes vendiendo botes de cerveza de estrangis y ellos tan panchos, charlando", dice Carmela, residente de 30 años, que vive cerca de la plaza más concurrida de la zona. "Aquí de noche viene gente de todo tipo, desde colgados a pijos y no hay conflictos. Lo que me molesta como vecina es el nulo control del Ayuntamiento en el barrio. El problema no está en los garitos y sus terrazas sino en lo que pasa después".

Lo que acontece después es que una vez cerrados los lucrativos negocios del alcohol, la masa noctámbula puede seguir bebiendo y comiendo hasta el alba. De eso se encargan no sólo los pobres inmigrantes indostánicos que venden lo que ellos tienen prohibido, una lata de cerveza a un euro sino también sus colegas de los kebab que con licencia de comidas no cierran hasta muy tarde.

Presas del pánico por la mengua de caja que supondrá la recién anunciada declaración de zona acústicamente saturada (ZAS) para Ciutat Vella, los botiguers de las tabernas convocaron una rueda de prensa en el pub Sant Jaume, (antaño pintoresca farmacia) para defenderse y proclamar que ellos no son responsables del ruido sino la falta de control municipal nocturno de ciertas ilegalidades como la venta de alcohol por la calle.

Campa, dueño del Cafetín, garito con 24 años de existencia, sintetiza su opinión sobre el asunto: "Los hosteleros no tenemos la culpa del ruido, cuando las terrazas están llenas no se oyen, sucede que al cerrar la gente se desmadra por las calles y es incontrolable. El problema es que los kebab no están regulados. Piden licencia de negocios de comida para llevar. Creo que hay un vacío legal y, claro, permanecen abiertos hasta las cuatro de la mañana. Los vendedores de latas a un euro siguen haciendo su trabajo y no parece que la persecución policial les afecte. Ahora llevan bolsas de plástico pues antes les confiscaban las latas y las mochilas".

Para los más avisados del problema el ruido ha sido consustancial a El Carme, desde los tiempos de Campsa 13 y Barro, legendarios garitos de la calle de Ripalda que inauguraron la reconversión del barrio antiguo de zona menestral y arruinada por la riada del 59 a flamante mascarón de proa de la modernidad y el desfase a la valenciana. Casi una marca registrada como la horchata. Más allá del folclore la única realidad es que el asunto se le ha ido al Ayuntamiento del PP de las manos.

"Cuando se inició la especulación, tolerada con desvergüenza por la autoridad municipal de uno y otro color, comenzaron los problemas. Compraban pisos a cuatro duros, los arreglaban y los vendían por millones. El caso es que hay personas que han comprado un piso a precio de lujo y luego caen en la cuenta de que éste no es un barrio residencial sino que está enfocado al ocio y el bareteo", explica Carmela.

Y ahí parece estar el quid de la cuestión. Muchos de esos residentes, hartos del follón, se unieron en Amics del Carme, asociación cívica de resistencia creada sobre las ruinas de la histórica Asociación de Vecinos que creó el PCPV en los años 70 y que entre otras cosas impidió que se prolongara la avenida del Oeste hasta el río, que así lo tenía proyectado el urbanismo de la dictadura. Amics del Carme denuncia sin descanso los desfases y persigue sin cesar a concejales y policías para que pongan orden como manda la ley.

Ocho de la tarde en un bajo del número 52 de la calle Alta. En la minúscula sede de Amics del Carme están reunidos Toni Casola, portavoz de la entidad, varios socios más y dos agentes de la policía local de El Carme. Uno de ellos es oficial jefe. Es el encuentro habitual de los lunes, pero esta vez la cosa se pone fea. Un vecino más que enfadado histérico, le dice perrerías al jefe de la policía mientras este mira al suelo. La escena es insólita pero evidencia el clima de desencuentros que existe en el barrio. Toni Casola, incansable activista vecinal, es tajante: "El titular de tu reportaje no es "vecinos versus hosteleros", es vecinos y hosteleros versus Ayuntamiento de Rita Barberá".

Se ha disculpado por la escena con los policías, dice que no es siempre así pero que un socio estaba picado por las molestias de una pantalla en la calle, el pasado Mundial.

"Desde la riada del otoño del año 1959 el barrio de El Carme no ha levantado cabeza. Ha sufrido un proceso de degradación, ha perdido su tejido social. La actividad hostelera ha funcionado como depredador. Se han producido surrealismos como el de que por una ferretería han pagado una millonada y el Ayuntamiento ha sido incapaz de organizar esto. El fracaso de la gestión del casco histórico se lo reparten el PP y el PSOE. Son los vecinos los que se han gastado los cuartos rehabilitando".

Casola alerta de la sobreexplotación del casco histórico que está produciendo su colapso. Cosa curiosa es saber que el arzobispado posee muchos solares y edificios debido a que recibe con frecuencia las herencias de abuelitas sin testar.

"Hay una moratoria sobre nuevos locales y es posible que finalmente consigamos la ZAS, pero la situación es surrealista: para averiguar las normas administrativas tenemos que ir a los jueces; el Ayuntamiento practica una política autista, no sabe, no contesta".

Los Amics del Carme tienen un área de actuación que no se limita al barrio de la morería, implican la calle de Cavallers y parte de La Xerea, así como Corretgería, Collado y alrededores. Los que tienen problemas de garitos bajo sus casas. Casola se sorprende a diario con movidas extrañas y contradictorias. "Cierra un horno en Cavallers y luego en ese mismo local no se permite un bar por cercanía con otro. A los tres meses el Ayuntamiento y el del bar se ponen de acuerdo y ya tenemos un nuevo garito. Para nosotros eso huele a un chalaneo con el departamento de actividades diversas que dirige Vicente Igual. Y a nosotros no nos informan de nada. El oscurantismo sobre el barrio es tal que para saber las licencias de las terrazas que existen por doquier hemos tenido que ir a pleitos".

En la reunión de los vecinos con los policías de la calle Alta la discusión sube de tono. Hace un calor de mil demonios y José Ramón le está diciendo lo que no está escrito al jefe policial. Que si prometisteis que controlaríais y no lo hicisteis. No hay acuerdo, incluso los lenguajes son diferentes. Uno de los policías de barrio presente, apreciado por el sentido común de sus patrullas, habla de la normativa con calma, tratando de contrarrestar la histeria del vecino. "En una denuncia por contaminación acústica tiene que citarse al receptor y al emisor, usted ya lo sabe...".

El caso es que un puntual problema de dos semanas atrás ha bloqueado el diálogo entre policías, vecinos y periodista, como una metáfora perfecta del problema del barrio. En la Asociación vecinal tienen una lista de locales: 324, tugurio más garito menos. Son muchos. O un cambio radical o el colapso.

domingo, 1 de agosto de 2010

Ruido y ocio sostenible

 

Ruido y ocio sostenible

XAVIER CASALS  - El País - 01/08/2010

Barcelona está "aturdida por el ruido", destacó este periódico el 26 de julio. Lo ilustró con un contundente dato: el 84% de las quejas que la Guardia Urbana recibió entre enero y mayo fueron debidas a "jaleo de la calle, el bar o el vecino", y apuntó que el Consistorio prepara una nueva ordenanza de Medio Ambiente Urbano más restrictiva ante la contaminación acústica. Pero a juzgar por la información publicada, no parece que ésta vaya a sancionar a los centros de ocio que la generan de modo indirecto.

Si las empresas de ocio tuvieran que asumir responsabilidades sociales la realidad cambiaría

Nos referimos, por ejemplo, a penalizar tiendas de comida para llevar, que convierten las plazas en merenderos, o bares y locales nocturnos en cuyos alrededores afloran como hongos jóvenes que practican el botellón sentados en calles y plazas. Celebran de este modo fiestas low cost, orinan en la vía pública o en rellanos y dejan su tarjeta de visita con vómitos, tags de rotulador, retrovisores de vehículos rotos o cabinas telefónicas destrozadas. Por si estas molestias fueran pocas, los sufridos vecinos deben llamar a la Guardia Urbana para que los desaloje -no suelen irse hasta la madrugada- y es necesario organizar dispositivos policiales periódicos para evitar su expansión.

Estos negocios asociados a problemas de vandalismo (incivismo, según la nebulosa y ridícula terminología imperante) saben que no serán sancionados si cumplen las ordenanzas municipales. Además, es difícil para el Ayuntamiento limitar sus horarios, pues compete a la Generalitat determinarlos. El resultado es que tales establecimientos emiten un "efecto llamada" perverso y las autoridades deben invertir recursos en seguridad para limitar los efectos descritos y reparar destrozos continuados. Ello crea una paradoja: los ciudadanos perjudicados por los vándalos ven cómo se dedica parte de sus impuestos a financiar a los policías que los controlan y disuelven, de modo que, además de ser víctimas de sus jolgorios, están obligados a un indeseable copago de los mismos.

Estamos, pues, ante negocios éticamente reprobables y cada vez más costosos para la Administración en términos de mantenimiento de mobiliario urbano, seguridad y limpieza, por lo que constituyen un ocio no sostenible. Esta cuestión alarmante no hace mella en nuestros políticos, que parecen asumir su presencia como parte del paisaje urbano. Sin embargo, si la extrapolasen a la esfera medioambiental advertirían que al hacerlo cometen un despropósito: ¿Pueden imaginar una empresa que ensucia y perjudica a la población ubicada en el corazón del tejido urbano? ¿Verdad que les resultaría inconcebible? En cambio, consideran normal que entes de ocio nocivos perfectamente identificados permanezcan ahí porque la ley lo permite. Pues bien, lo razonable sería que procedieran a cambiarla de modo inmediato, ya que tales comercios -al igual que las industrias contaminantes- se deberían clausurar, instalar en polígonos alejados de núcleos de población o tener horarios drásticamente limitados.

En este sentido, estamos convencidos de que si no se asume la sostenibilidad del ocio como estrategia solo se paliará el ruido, pero no se acabará con él. Lo ilustra el caso de la sala KGB, cuyo eventual cierre han planteado unos 300 vecinos al Consistorio. Cuando trascendió recientemente que en sus alrededores cientos de jóvenes hacen botellón cada jueves, su gerente manifestó haber realizado "todo lo posible" para arreglar esta situación y evitaba que sus usuarios pudieran salir una vez habían entrado, pero apuntó que ello se producía "tres calles más abajo" y afirmó que el botellón era un problema de civismo que se resolvería con presencia de Guardia Urbana. ¿Ven que sencillo es arreglar el asunto? Basta con poner agentes pagados por el erario público, como se ha hecho.

En este marco, si las empresas de ocio contaminantes tuvieran que asumir responsabilidades sociales -como las fábricas- la realidad cambiaría. No hay que ser un lince para saber que si éstas tuvieran que abonar la limpieza y los desperfectos que generan indirectamente en el medio urbano adyacente, indemnizar a quienes lo habitan por la falta de descanso y costear los policías que requiere mantenerlo tranquilo probablemente no serían viables económicamente. Pero mientras tales conceptos no entren en su contabilidad, los problemas descritos se reproducirán de modo cíclico por un motivo obvio: ensuciar es gratis. ¿Hasta cuando el Consistorio barcelonés -gobierno y oposición- tolerará esta impunidad?