Paqui Pérez ha peleado durante cinco años para lograr que el local de marcha situado frente a su casa deje dormir al vecindario
Hoy - 18.05.11 - EVARISTO FERNÁNDEZ DE VEGA | BADAJOZ.
Paqui Pérez vive en la travesía de Talavera y justo enfrente, al otro lado de la carretera, está el disco-pub. :: CASIMIRO
La afectada perdió 13 kilos, sufrió ataques de ansiedad... pero resistió y ahora le dan la razón
Paqui Pérez Hernández ha perdido 13 kilos, pero no la ilusión de recuperar la tranquilidad que le robó el disco-pub que funciona frente a su casa, un pequeño negocio que desde el año 2006 altera el sueño y el ánimo de toda su familia. «Si denuncié, no fue por mí. Lo hice por mis padres. Estaba cansada de que se rieran de ellos», explica ahora.
Y lo hace con la satisfacción de saber que un juzgado pacense le ha dado la razón. Han sido cinco años de lucha denodada, pero la sentencia que acaba de dictarse deja claro que los equipos de música que utilizaba 'No es lo mismo, ya me entiendes' tienen la capacidad de producir en el vecindario malestar físico, enfermedades cardiovasculares, trastornos psicofísicos y ansiedad.
Contra todos esos riesgos ha luchado Paqui, que vive junto a sus padres en la travesía de Talavera la Real. Su piso ocupa el alto de Automóviles Vega, un negocio dedicado a la venta de coches. Es una vivienda que hace esquina y justo enfrente, al otro lado de la carretera, se encuentra el disco-pub regentado por Francisco Javier T. G., un joven de 30 años que en el año 2005 se hizo cargo de este local de marcha. «Al principio nos dirigimos a él por las buenas. Nos parecía mal que tuviera la música puesta hasta las 3.30 de la madrugada y le pedimos que bajara el volumen», recuerda Paqui.
Pero la petición no fue atendida y recurrió a la alcaldesa, Montserrat Caldeira. «La primera vez nos dijo que iba a cerrar el bar porque tenía muchas denuncias, pero no pasaba nada». Luego, la alcaldesa se interesó y pidió a la Junta de Extremadura que inspeccionara el local, pero la visita no llegó a realizarse porque el sonómetro de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta estaba estropeado.
Tras ese revés, Paqui persistió en la lucha y todas las semanas daba cuenta a Policía Local de Talavera. «Los agentes venían y le daban el toque al bar, pero nos decían que no tenían aparato para medir el sonido y que no podían hacer más».
Insomnio, ansiedad, preocupación por sus padres... Todo eso sufrió Paqui hasta que un día, cansada de aguantar, decidió recurrir al Seprona de la Guardia Civil. Fue en marzo del 2008 y los agentes de este grupo se desplazaron a su domicilio para medir el sonido que penetraba en la vivienda. «La prueba se hizo entre las 0.15 y las 2 de la madrugada y se comprobó que el ruido superaba los 36 decibelios, alcanzando en el salón los 40 decibelios, con lo cual se verificó que el ruido que se recibía en el interior de la casa, con las puertas y ventanas cerradas, alcanzaba el nivel de intolerable».
Con ese informe, la Comisión de Actividades Clasificadas de la Junta de Extremadura exigió el cierre inmediato del local y el cese de la actividad, medidas que fueron adoptadas por el Ayuntamiento de Talavera la Real, medidas que fueron levantadas a final de año porque una empresa certificó que había sido realizada la reforma necesaria para evitar que el ruido molestase a los vecinos.
El problema estaba solventado en teoría, pero Paqui seguía sin dormir, por lo que acudió a los juzgados, que ordenaron una segunda medición en la que se constató que la emisión de ruidos seguía siendo intolerable.
Cloti Hernández, la madre de Paqui, recuerda el sufrimiento que le provocaba cada noche ver que su nieta era incapaz de conciliar el sueño. «Yo la cogía en brazos para ver si se dormía, pero era imposible».
Incluso se encontraron con la desagradable sorpresa que en una fiesta de carnaval hubo personas que salieron a la calle disfrazadas de presidiarias colocándose un cartel en el que se leía «Al talego iremos por Paqui», en clara referencia al proceso judicial que se había iniciado.
Pero eso ya es pasado. Desde hace unos días, en casa de Paqui están de enhorabuena. El juzgado de lo penal número 2 de Badajoz ha condenado al propietario del bar a seis meses de prisión por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Es una pena inferior a los dos años y no tendrá que ir a la cárcel, pero la condena contempla también la inhabilitación para ejercer cualquier profesión u oficio relacionado con la hostelería durante el plazo de un año. Igualmente se le obliga a pagar una multa de 720 euros y a indemnizar a Paqui en la cantidad que determine el médico-forense de acuerdo con las posibles secuelas permanentes que haya podido sufrir como consecuencia de la emisión de ruidos.
Con la sentencia en sus manos, Paqui respira tranquila. Desde hace un mes, el volumen de la música ha bajado y confía en que las cosas cambien. «A raíz del juicio hemos empezado a dormir, pero lo hemos pasado verdaderamente mal».
El código penal prevé entre 2 y 5 años de cárcel
El teniente Ramón García, responsable del Seprona, manipula el sonómetro que mide el ruido. :: HOY
Esta sentencia ha sido dictada en el juzgado penal número 2 de Badajoz después de que el fiscal de Medio Ambiente en la provincia, Agustín Manzano, ejerciera la acusación pública en un caso que considera significativo. «La contaminación acústica es un asunto serio, la prueba está en que tiene cárcel», afirma. Hasta el pasado año, la pena de prisión oscilaba entre los 6 meses y los 4 años, pero la última reforma eleva el castigo, que va de los 2 a 5 años de prisión. «La sensación que tengo es que algunos hosteleros se creen que no se va a ir más allá de la multa o el cierre, pero la realidad es que el ruido puede causar daños a la salud si la emisión se prolonga durante un espacio de tiempo prolongado».
El teniente Ramón García, responsable del Seprona en la Comandancia de Badajoz, añade que el ruido genera varias denuncias cada año. «La mayoría de los casos no derivan en procesos judiciales, sino que suelen ser solucionadas a través de los ayuntamientos, pero en Talavera la Real actuó el fiscal y ahora se ha conocido la sentencia».
Este especialista argumenta que cuando las mediciones detectan más de 30 decibelios, como ocurrió en el domicilio de Paqui, se determina que existe contaminación acústica. «Cuando se demuestra que puede haber una alteración grave de la salud se va a la vía judicial elaboramos ese informe y lo remitimos al juzgado, pero debe quedar claro que hay una relación entre causa y efecto».
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