REGIÓN MURCIA
El fiscal denuncia el aumento de funcionarios que prevarican al no perseguir los ruidos
Díaz Manzanera advierte de que este tipo de delitos pueden ser perseguidos penalmente aunque no haya lesiones
La Verdad - 28.04.10 - D. LEGUINA dleguina@laverdad.es | PEACRAM
Estrés, insomnio, cardiopatías, bajo rendimiento en los estudios de los jóvenes o ansiedad y poca productividad en el trabajo de los adultos son algunas de las patologías que la contaminación acústica provoca. Se podría añadir a la lista inapetencia sexual, hipertensión o sordera, por no hablar de las secuelas psíquicas: en algunos casos los tratamientos son de por vida.
La Fiscalía persigue desde 1996 los delitos relacionados con el ruido ambiental, pero la inoperancia de ayuntamientos y Comunidad Autónoma y la escasa actuación policial ante este tipo de infracciones provocan que la acción judicial no sea del todo efectiva.
Locales, bares de copas, discotecas, obras o aeropuertos son los lugares donde los decibelios retumban con fuerza, y no todos cumplen con la normativa vigente en aislamiento de ruidos. El consumo de alcohol en la calle también es foco de quejas por parte de los ciudadanos, y denuncian que los dueños de los locales no hacen nada para evitarlo y respetar así su descanso.
Por si fuera poco, José Luis Díaz Manzanera, fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ), denuncia que «las conductas prevaricadoras o por omisión de funcionarios públicos ante este tipo de delitos van en aumento».
El fiscal participó el lunes en una mesa redonda sobre ruido ambiental junto a Adolfo López, de la Asociación Española de Juristas contra el ruido; Abel Sáez, presidente de la Sala Contencioso Administrativa del TSJ; y José Pablo Ruiz Abellán, Defensor del Pueblo de la Región de Murcia. La charla se celebró en el edificio Moneo de Murcia con motivo del Día Internacional contra el Ruido.
Díaz Manzanera advirtió que en la Fiscalía tienen muy presente las consecuencias del exceso de ruido en la salud, por lo que es importante actuar en el momento en que hay peligro, antes de que el daño aparezca: «No tiene que haber trastornos o lesiones para ser perseguido penalmente». Según el fiscal, «el ruido es uno de los principales problemas de la sociedad actual, y España carece de una buena educación ambiental. La contaminación acústica provoca secuelas graves y he tenido casos que superaban los 100 decibelios en viviendas donde vibraban las ventanas y el agua de los inodoros».
La protección ante el ruido está recogida en la Constitución, pero decretos regionales y ordenanzas municipales ponen, en ocasiones, trabas a la Carta Magna. «Los ayuntamientos, en muchos casos, no sancionan adecuadamente y se limitan a tomar medidas cautelares. También conceden licencias sin estudiar a fondo cada caso», aclara Abel Sáez.
La ley estatal limita los decibelios a 25 en horario nocturno (23.00 a 7.00) para los dormitorios y a 30 para el resto de la casa; 35 para los despachos profesionales, aulas y salas de lectura, y 40 para las oficinas. En horario diurno estas cifras suelen aumentar en diez decibelios.
Adela Martínez-Cachá, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, aclara que «no hay desidia por parte del Consistorio y nos atenemos a las ordenanzas, pero el límite de 25 decibelios es muy exigente».
El Decreto sobre protección del medio ambiente frente al ruido recogido en el Boletín Oficial de la Región de Murcia establece que «un 50% de la población murciana está expuesta a niveles de ruido ambiental superiores a los recomendados; y un 90% de los puntos de medida en hospitales y centros docentes exceden los límites». Por otro lado, la fuente sonora más importante y extendida de la Región es el tráfico rodado.
España -46 millones de habitantes- es el segundo país más ruidoso del mundo después de Japón -130 millones-, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Diez millones de españoles están expuestos a niveles superiores al límite establecido por la OMS: 65 decibelios.
LA JUSTICIA ACTÚA
Un juzgado de lo Penal de Murcia condenó a dos años y seis meses de prisión a cada uno de los tres propietarios de un local de Archena que durante varios años puso música por encima de los niveles permitidos y causó insomnios y síndrome de ansiedad a seis vecinos. La sentencia, emitida este año por el Juzgado número 5, señala que «como consecuencia de esta situación de permanente y continuada contaminación acústica, que ha supuesto un auténtico calvario en sus vidas, han sido asistidos médicamente en numerosas ocasiones». José Luis Díaz Manzanera fue el fiscal de la acusación.
El Juzgado de lo Penal número Uno de Murcia condenó al dueño y al arrendatario de un pub de Mula a un año de prisión y multa de ocho meses con una cuota diaria de seis euros por un delito contra el medio ambiente por el exceso de ruidos procedentes del local. La sentencia, dictada este año, obligó también a indemnizar con 12.000 euros a dos vecinos que resultaron afectados por los ruidos.
El Tribunal Superior de Justicia confirmó en 2009 la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Elche que condenó al Ayuntamiento de Torrevieja al pago de más de 9.000 euros a tres vecinos por «los daños morales causados por la inactividad» del Consistorio ante los ruidos ocasionados en discotecas y bares.
El Ayuntamiento de Laredo (Cantabria) fue condenado en 2008 a indemnizar con cerca de 64.000 euros a un vecino por los daños psíquicos y las secuelas padecidas por los ruidos procedentes de un bar situado bajo su vivienda, por no haber hecho cumplir sus ordenanzas municipales.
Un vecino de Albacete fue indemnizado por el Ayuntamiento en 2008 con 25.000 euros por los daños y molestias causados por los ruidos y olores que llevaba soportando desde que hacía unos ocho años abrió sus puertas un pub debajo de su casa. El juez reprochó a la Administración local que consintiera que el establecimiento funcionase sin licencia de apertura durante dos años, existiendo ya denuncias por ruidos y vibraciones, que incluso fueron constatadas por la Policía Local.
HABLAN LOS EXPERTOS
ADOLFO LÓPEZ ABOGADO
«Hay ruidos que no alcanzan los límites administrativos pero que son perseguibles. El Código Civil es frecuentemente vulnerado en asuntos de contaminación acústica».
ABEL SÁEZ TSJ
«En sentencias medioambientales se suele alegar que las mediciones no son correctas o que el dueño del local no estaba delante. Los consistorios no aplican la ley correctamente».
JOSÉ LUIS DÍAZ FISCAL
«La Policía debe realizar visitas periódicas a los locales para medir el ruido y dejar constancia. Hay muchos ciudadanos desesperados y el Derecho Penal tiene que actuar».
JOSÉ PABLO RUIZ ABELLÁN DEFENSOR DEL PUEBLO
«Las ordenanzas de algunos ayuntamientos no están actualizadas y son muchos los ruidos que sobresaltan a los vecinos: campanas de iglesia, máquinas nocturnas de limpieza...».
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