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domingo, 11 de enero de 2009

Castellón / 1984 - Una inspección cerró las cinco discotecas más conocidas

 

EFEMERIDES: Hace 25 años.

Mediterráneo - 11/01/2009  - Ver archivo (pdf)

El Gobierno Civil procedió a cerrar temporalmente cinco discotecas castellonenses tras la tragedia de la sala Alcalá 20. Se trató de las salas L´ Hostal, Pachá, Zeus, Valentino y La Guagua, todas ellas centros de ocio de los castellonenses en los años ochenta.

 

RECORDANDO

Víctimas de la negligencia

A las 4.45 de la madrugada del 17 de diciembre de 1983, apenas 15 minutos antes de la hora de cierre del local, la discoteca Alcalá 20 se convirtió en una trampa de fuego y en la tumba de 81 personas, jóvenes la mayoría. Minutos antes había cesado la música. La chispa de un cortocircuito prendió en las cortinas y se propagó en cuestión de segundos por todo el local, ubicado en tres plantas de sótano y decorado con más de 5.000 kilos de textiles, plásticos y cartón piedra, materiales altamente inflamables.

Muchos de los que huían encontraron las puertas de emergencia cerradas o bloqueadas. Otros intentaron usar extintores y mangueras que no funcionaban. Algunos empleados de la discoteca lograron salvar la vida al escapar por una puerta trasera, mientras cientos de jóvenes corrían perdidos por los pasillos. De las víctimas, 31 personas fallecieron carbonizadas; otras 13, intoxicadas; 36 más, por asfixia o aplastamiento. La víctima número 81 fue la hija de un matrimonio que vivía en uno de los pisos superiores del edificio, y que, tratando de huir del humo, cayó por la terraza al vacío.

Si los dueños de la discoteca, inaugurada tan sólo tres meses antes, hubiesen guardado "la más elemental diligencia", el desastre podría haberse evitado, según dejó escrito la Audiencia Provincial de Madrid en la sentencia que, 11 años más tarde, condenó a penas de dos años de cárcel a los cuatro propietarios del Alcalá 20, al electricista que puso la "deficiente" instalación eléctrica y al inspector del Ministerio del Interior que "no vio" las numerosas irregularidades del local (la condena de este último fue rebajada sustancialmente en 1995 por el Tribunal Supremo).

El Estado, declarado responsable civil subsidiario por los jueces, pagó 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros) en indemnizaciones a las familias de las víctimas. Esa ayuda llegó en el verano de 1997, casi 14 años después de la desgracia.

VERA GUTIÉRREZ CALVO - El País - Madrid - 23/11/2005

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