La Vanguardia – Ciudadanos - 24/02/2007
Los jueces y una sociedad cada vez más concienciada ponen coto al ruido
Los expertos vaticinan que la falta de decisión de los ayuntamientos a la hora de afrontar un problema que afecta a millones de personas en España va a provocar una "cascada de sentencias". Los casos de Zaragoza o Vila-real son sólo ejemplos
Salvador Enguix |
Recientes sentencias contra el ruido, como las dictadas en Zaragoza y Vilareal, así como la polémica suspensión cautelar del carnaval de Tenerife, confirman que los ciudadanos han decidido plantar cara a un problema que afecta al 30% de las viviendas en España - más del 40% en ciudades como Barcelona o Valencia-, según datos del INE. Un problema que puede causar graves patologías a quien lo sufre, especialmente en los ancianos y niños. Ante la incapacidad de los ayuntamientos para facilitar la convivencia entre los que quieren disfrutar su tiempo de ocio y los que desean ejercer su derecho de descanso dentro de su vivienda, los tribunales se han erigido en la solución, a la espera de que la clase política aborde con valentía este problema. No obstante, los expertos consultados reconocen que el ruido provocado por el ocio es, de todos, el que cuantitativamente menos afecta a la ciudadanía. El problema más generalizado es la circulación de vehículos en las vías urbanas o el ruido de las obras, según un estudio realizado en la Comunidad de Madrid. Y todos anuncian que en los próximos meses habrá una "cascada de sentencias" por esta causa.
La fecha de referencia para entender este cambio de actitud de sociedad y jueces se sitúa en noviembre del 2004. Con anterioridad, como señala el letrado barcelonés Lluís Gallardo, de Advocats Especialistes en Contaminació Acústica (AECA), "ya se habían dado muestras de cierta sensibilidad en algunos tribunales". Pero es en esa fecha, añade, cuando se divulga la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dio la razón a la valenciana Pilar Moreno Gómez y condenó al Estado a indemnizarla. Esta mujer pleiteó más de una década para denunciar que durante años había sido imposible dormir en su vivienda por la apertura de decenas de bares en la plaza Xúquer de Valencia. El Ayuntamiento la ignoró; y ni el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ni el Tribunal Constitucional admitieron a trámite sus denuncias. Pero el Tribunal Europeo consideró que, con su sufrimiento, se había violado el artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos que hace referencia al derecho al respeto del domicilio y la vida privada.
El letrado que llevó el caso, Andrés Morey, reconoce que, "con anterioridad a esa sentencia, los juzgados solían elevar las denuncias, o sea, quitárselas de encima; pero ahora parece ser que hay más valentía para afrontar un problema que produce graves patologías".
A los conflictos clásicos con bares, pubs y discotecas, se suman otros como el de Villarreal, con un alcalde obligado a abandonar su puesto por prevaricador, según sentencia del Supremo, al permitir la emisión de ruido de una empresa que amargó la vida a centenares de vecinos. O el de una finca del barrio de Patraix de Valencia, que ha ganado un pleito a la constructora, Urbanas Patraix, por mala insonorización de las paredes. La sentencia de la Audiencia de Valencia recuerda que "la ausencia de aislamiento acústico de una vivienda ya no es una mera cuestión circunscrita al ámbito de los vicios o defectos de construcción, sino que debe enlazarse con la protección al derecho a la intimidad personal y familiar en su ámbito domiciliario".
Lluís Gallardo y Andrés Morey coinciden en señalar que en estos momentos hay suficiente jurisprudencia "para actuar con contundencia frente a los abusos y en defensa de los ciudadanos que sufren de manera violenta la contaminación acústica". "Con algunas excepciones, como Barcelona, en general las ciudades no se esfuerzan en compatibilizar ocio y descanso". Pero Vicente Pizcuela, creador de la ONG Controla Club - con presencia en toda España- y asesor para temas de civismo de numerosas organizaciones, señala que "el ocio no es el mayor problema; es aún peor el tema de los coches o el ruido de las obras". Un reciente estudio realizado por la Comunidad de Madrid lo confirma: en una macroencuesta, la mayoría de los madrileños ubicaban la molestia provocada por el ocio - botellón, pubs, discotecas- en noveno lugar; y eran, con este orden, las motos, los coches, las sirenas, los servicios generales, los vehículos de reparto, las obras, los vecinos del barrio y los animales domésticos - con especial mención a los perros- los focos más molestos de emisión de ruido. "Si los ayuntamientos se preocuparan de una buena planificación urbanística, el tema del ocio, que es un potente motor de creación de negocio y riqueza, no sería un problema", apunta Pizcueta.
Añade que "muchas veces son los propios hosteleros los que denuncian a esos otros propietarios de pubs o discotecas que incumplen las normas y perjudican a todos". Y apunta que no entiende cómo los ayuntamientos dan licencias para abrir cierto tipo de locales en fincas residenciales que no están adecuadamente insonorizadas.
Un estudio de la Fundació La Caixa titulado La contaminación acústica en nuestras ciudades confirma que los vehículos de motor causan el 80% de la contaminación acústica de las ciudades. La actividad industrial representa un 10%, el tráfico del ferrocarril un 6% y el ocio "puede significar un 4%". Lo que ocurre, señala el estudio, es que socialmente se considera que el ruido producido por los motores forma parte del proceso de industrialización y se tolera mucho más que el de bares o discotecas.
Loli Alcaraz, miembro de una asociación de vecinos de Valencia que ha luchado con fuerza para que se declare zona acústicamente saturada (ZAS) su barrio, señala que "si el Ayuntamiento cumpliera la ley, si se multara a quienes consumen alcohol en la calle, que está prohibido, y si se actuara contra esos coches que llevan la música a toda caña, seguramente sería posible la convivencia entre el ocio y los que queremos vivir tranquilamente". Pero añade que "hay mucha cobardía entre los políticos, que sólo actúan a golpe de efecto y sin ninguna planificación". "La clase política deberá tomarse muy en serio el ruido y planificar para que ni el ocio, que en España supone el 10% del PIB, ni los ciudadanos salgan perjudicados por el conflicto de derechos que se produce entre los que quieren dormir y los que disfrutan de la noche", concluye Pizcueta.
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