La insostenible situación del concejal de Sostenibilidad

 

La insostenible situación del concejal de Sostenibilidad

Servicio de Blogs Ayuntamiento de Castellón – 22-04-10  - Rafa García

Ayer dijo Miguel Ángel Campos en el informativo de la mañana (Cadena SER – Radio Castellón) que en 1996 el presidente del Villarreal C.F. y el ex presidente del C.D. Castellón, Fernando Roig y Toni Beltrán, avalaron un préstamo a Carlos Fabra por valor de 390.000 euros. Un préstamo del que al parecer, según decía la noticia, los avalistas hubieron de hacerse cargo en algún momento, cuando el presidente de la Diputación dejó de pagar.
390.000 euros son 65 millones de las antiguas pesetas, 65 millones de las pesetas de 1996. Una pasta.

Y hablando de otra pasta, de la pasta de la que están hechos nuestros políticos, quisiera referirme al concejal de pasado más blavero de todo el Ayuntamiento de Castellón, Gonzalo Romero. A pesar de ser el edil de Sostenibilidad, su situación en estos momentos en el Ayuntamiento de Castellón parece abiertamente insostenible, después de su ‘tabernaria’ rueda de prensa del pasado martes, en la que no tuvo mejor idea que echar al público encima de los representantes de ‘Castelló Sense Soroll’ para justificar su incapacidad como gestor.

Su atrevimiento para convocar en un bar una rueda de prensa para sembrar la cizaña entre vecinos de Castellón y el escandaloso recurso a la mentira para tratar de justificar la decisión del Ayuntamiento de declarar las tascas como Zona Acústicamente Saturada (ZAS) ponen a este edil al borde del precipicio político.

Por cierto, antes de seguir quiero decir que me sabe fatal utilizar el vocablo ‘mentira’ para analizar la actuación de un concejal, pero he de recordar que según la RAE, ‘mentira’ es una ‘expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree y se piensa’. Y resulta muy complicado no hablar de ‘mentira’ cuando el pasado martes el concejal Romero dijo que una sentencia le obligaba a declarar la ZAS en las tascas y ayer reconocía que no se había publicado sentencia alguna sobre el particular.

Sencillamente ocurre que hay una denuncia en un juzgado, que en las mediciones realizadas se supera con creces el número de decibelios que permite la legislación vigente y que cada vez que en el Ayuntamiento de Castellón se acuerdan de lo que le ocurrió a Manolo Vilanova en Vila-real, los integrantes del equipo de Gobierno de la capital de La Plana se echan directamente a temblar, por lo que pueda pasar. Y es que en Vila-real se inhabilitó a Vilanova para ejercer cargo público por espacio de 8 años, al ser considerado responsable de un delito de prevaricación, relacionado con la emisión de ruidos.

Da la impresión de que de tanto recordar a Manolo Vilanova, Alberto Fabra y Gonzalo Romero tienen miedo a lo que pueda determinar el juez cuando se emita una sentencia para resolver la denuncia presentada por ‘Castelló Sense Soroll’.

El miedo nace de las mediciones realizadas sonómetro en mano, con las que se demuestra que en los momentos de mayor afluencia de público se supera con creces el umbral de decibelios permitido.

Acabo con un ruego: ¡qué dejen en paz a la Junta de ‘Castelló Sense Soroll!’. Pretender el enfrentamiento de los usuarios de las tascas con unos vecinos de Castellón que han hecho uso de su legítimo recurso al pleito judicial constituye una auténtica inmoralidad, absolutamente rechazable. Una actitud impropia de un equipo de gobierno serio.

Y seguramente, la constatación del fracaso de una gestión: la del Partido Popular al frente del Ayuntamiento.

Después de varios años, un asunto iniciado en el entorno de la calle Lagasca ha terminado con la declaración de las tascas como Zona Acústicamente Saturada (ZAS). Un infeliz final que nace del autoritarismo del equipo de gobierno y de la incapacidad para el consenso mostrada por el edil Romero.

Gonzalo Romero se fue el martes a un bar a anunciar que el Ayuntamiento declaraba la ZAS en las tascas. Dijo que a ello obligaba una sentencia que se había emitido a raíz de una denuncia de 'Castellón Sense Soroll'. El propio Romero reconoció ayer que no existe sentencia alguna sobre el particular.