El consistorio urge a las tascas a que instalen el toldo antes del verano.
El Mundo – 30-03-12 – Chelo Pastor / Castellón.
ABC - 15/03/2012 - NURIA PÉREZ / DOS HERMANAS (SEVILLA)
Sufrieron «intenso estrés» y hasta depresiones. Los vecinos de un edificio ubicado en la Avenida de España de Dos Hermanas (Sevilla) soportaron durante casi un año los «ruidos intolerables» procedentes de un bar, El Coyote, instalado en los bajos de su bloque y a cuyos propietarios condena ahora la Audiencia Provincial de Sevilla a cuatro años de cárcel.
La sentencia de la Sección Séptima, a la que ha tenido acceso este periódico, entiende que el «excesivo» volumen de la música afectó «gravemente» al «sosiego y descanso nocturno» de los vecinos, especialmente, durante las madrugadas de los fines de semana.
La Audiencia considera así que Gabriel B.P., dueño del bar, y la encargada Sara B.M. cometieron un delito contra el medio ambiente desde al menos agosto del año 2007 hasta mayo de 2008. Junto a la pena de prisión, también tendrán que indemnizar con cuatro mil euros al único vecino que mantuvo su acusación hasta el momento del juicio.
«Su mujer no quería nada de dinero sino descansar por las noches porque le estaba costando la salud», aseguró ayer una vecina del bloque afectado. Y es que los procesados ponían la música «a diario» pese a que «conocían las graves molestias que causaban a los vecinos, que mostraban sus quejas». Una vez se marchaba del lugar la Policía, los acusados «volvían a conectar la música».
Las «continuas» molestias provocaron que el Ayuntamiento nazareno abriera al bar un expediente sancionador por los «ruidos abusivos». Más tarde, el 14 de diciembre de 2007, se ordenó como medida provisional el precinto del «foco emisor», si bien los acusados lograron «burlar» la orden al conectar «un ordenador y un televisor a un amplificador» para emitir música a «elevado» volumen sin pasar por el limitador. La suspensión del bar llegó finalmente en enero de 2008, aunque «nunca» se atendieron los requerimientos y la Policía tuvo que precintar nuevamente el bar tres meses después.
Pese a esta orden de cierre, «se hacían fiestas privadas hasta las siete de la mañana», aseguraba ayer una vecina del bloque que reconocía el «miedo» que sentían los afectados por las «amenazas» recibidas.
Durante el juicio, una psicóloga advirtió, precisamente, que una de las vecinas «presentaba malestar emocional, depresión y hostilidad por síntomas que incluyen vivencias disfóricas, de desánimo, falta de energía, así como ideas destructivas, alteraciones del sueño y del apetito». Aunque los ruidos cesaron en el mes de mayo de 2008—una cafetería ocupa hoy el local—, la mujer aún sufría síntomas en noviembre de 2010.
Por estos hechos, la Audiencia Provincial condena a cada uno de los acusados a cuatro años y un día de cárcel por un delito contra el medio ambiente en su modalidad de contaminación acústica, agravado por el hecho de que ambos, «de modo clamoroso, desobedecieron las órdenes expresas de cesar en su conducta generadora de ruidos no permitidos».
El País – 14/03/12 - Sevilla 14 MAR 2012
La Audiencia de Sevilla ha condenado a cuatro años de cárcel al dueño y a la encargada de un bar por los "ruidos intolerables" que durante varios años emitieron desde su bar, que afectaron "gravemente" al sosiego y descanso nocturno de los vecinos.
Una sentencia de la Sección Séptima, a la que ha tenido acceso Efe, asegura que los acusados ponían en su bar "Coyote" de Dos Hermanas (Sevilla) música "a un volumen notoriamente excesivo, lo que ocasionaba ruidos intolerables en el interior de las casas de los vecinos", y en varias ocasiones rompieron los precintos que colocaba la Policía Local.
El acusado Gabriel B.P., dueño del bar situado en la Avenida de España, y la encargada Sara B.M. cometieron este delito contra el medio ambiente desde al menos agosto de 2007 hasta mayo de 2008, por lo que junto a los cuatro años de cárcel son condenados a indemnizar en cuatro mil euros al único vecino que mantuvo su acusación hasta el momento del juicio.
Los acusados ponían la música "a diario en horario nocturno y en especial durante las madrugadas de todos los fines de semana". Ambos "conocían las graves molestias que causaban a los vecinos, quienes les mostraban sus quejas" pero pese a las constantes inspecciones de la Policía Local "volvían a conectar la música". Como consecuencia de numerosas denuncias administrativas y policiales, los agentes comprobaron "el exceso de ruido en todos los casos y, en algunas inspecciones, las medidas puestas por los acusados para no ser descubiertos", explica la sentencia. En el expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento se detectó entre el 19 y 24 de noviembre de 2007 que los niveles de ruidos "superaban el límite permitido en 6 decibelios diurnos y en 16 nocturnos".
Añade el fallo que el 29 de diciembre de 2007 los técnicos policiales comprobaron que el domicilio de A.V.M. se superaban en 2,9 decibelios a las 0:10 horas los límites máximos de enmisión sonora establecidos reglamentariamente. Por esta razón se dictó resolución municipal el 14 de diciembre de 2007 ordenando el precinto del foco emisor de ruido, por lo que el 14 de enero de 2008, al haberse comprobado por medición el exceso acústico y el incumplimiento de las resoluciones del Ayuntamiento, se ordenó la suspensión de la actividad del bar. Dicha orden fue notificada al acusado el 25 de enero de 2008 aunque ni él ni la encargada, que decía ser también dueña del negocio, atendieron nunca los requerimientos.
Según los jueces, para burlar la orden de diciembre de 2007, los acusados, si bien mantenían el precinto del reproductor de música, habían conectado un ordenador y un televisor a un amplificador para emitir música a elevado volumen sin pasar por el limitador. El 28 de abril de 2008 se volvió a precintar el aparato de música y la Policía indicó al acusado de que, de quebrantarlo, cometerían un delito, pero pese a ello el 14 de mayo de ese año la Policía constató que "el precintado y la orden de cierre estaban tirados en el suelo". Debido a la exposición reiterada a ruidos por su frecuencia, intensidad, duración y falta de control, los vecinos vieron "gravemente afectado su sosiego, descanso nocturno y conducta", lo que les ha generado "intenso estrés, con el consiguiente riesgo de afectar gravemente a su salud general".
Levante – 23-03-12 - J.MESTRE CASTELLÓ 
Las tascas recuperarán su singularidad en abril. carme ripollés
El equipo de gobierno de Alfonso Bataller continúa con la ruta que se ha marcado para volver a legalizar el consumo de alcohol en las calles de las tascas y, tal como se preveía, ha rechazado las quince alegaciones presentadas al nuevo artículo de la ordenanza de convivencia que regula la singularidad de esta zona neurálgica del centro de Castelló.
El pleno municipal del viernes de la próxima semana, con el acuerdo de la totalidad de la corporación, dará vía libre al nuevo texto, y el regreso de la ingesta de alcohol en el exterior de las tascas entrará en su cuenta atrás. El ayuntamiento ha corregido el apartado de la ordenanza que da cobertura a las tascas tras ser anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que consideró que no se adecuaba a la Ley Valenciana de Drogodependencia.
El pleno del 27 de enero aprobó de forma provisional el texto que recoge la condición exigida por el TSJ, como es la necesidad de pedir una autorización especial para permitir el consumo de alcohol en una determinada calle. Dicho día se inició el proceso de revisión y concluirá el 30 de este mes. El artículo redactado por el equipo de gobierno saldrá adelante sin ninguna variación y con el respaldo del PSPV, Bloc y EU. Los munícipes populares han tumbado las quinces alegaciones, de las que 14 de las 15 han sido presentadas por Sense Soroll y por vecinos contrarios la ingesta de alcohol en las calles de las tascas. La Federación de Usuarios de Castelló había pedido que el modelo de las tascas se ampliara al resto de la ciudad.
Así, el documento indica que "queda prohibido el consumo en la vía pública salvo en aquellos espacios emblemáticos que se delimiten expresamente como las tascas y cuenten con la autorización previa". Una vez se publique el acuerdo plenario en el Boletín Oficial de la Provincia, se deberán dejar pasar otros 15 días hábiles para que la nueva ordenanza entre en vigor. Posteriormente, el ayuntamiento habrá de pedir una autorización especial para que las tascas puedan expender alcohol en la vía pública.
De esta manera, esta zona de bares de Castelló recuperará su normalidad a lo largo del mes de abril.
El ayuntamiento de Castellón rechaza todas las alegaciones presentadas al nuevo artículo de la ordenanza de convivencia ciudadana que permitirá beber alcohol, de nuevo, en la zona de las Tascas. La nueva normativa entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.
Una sentencia judicial prohibió, hace unos meses, a instancias de la asociación Castelló Sense Soroll beber alcohol en la zona de las Tascas de Castellón al incumplirse una normativa autonómica.
Durante este tiempo el ayuntamiento de la capital se ha visto obligado a ejecutar la sentencia y ha elaborar un nuevo artículo que salvaguarde esta prohibición.
Los vecinos han presentado 15 alegaciones al texto y todas han sido desestimadas por los técnicos del ayuntamiento. Ahora, la nueva normativa pasará por el pleno del viernes de la próxima semana y será efectiva una vez se publique en el BOP.
El nuevo texto considera la zona de las Tascas como una excepción a la regla y por tanto, por su carácter tradicional, se permitirá beber alcohol en la calle.
Mediterráneo - DAVID P. SOLVES 21/03/2012
El Ayuntamiento de Castellón ha rechazado las 15 alegaciones presentadas contra el nuevo artículo 26 de la ordenanza municipal de convivencia ciudadana que permitirá beber en la calle dentro de la zona de las tascas previa autorización escrita del alcalde.
Según explicaron ayer fuentes municipales, los técnicos apelan al carácter “tradicional” de las tascas para sustentar la excepción a la ley de drogodependencias de la Generalitat del año 2003 que prohíbe consumir bebida en la calle. “La ley nos permite que autoricemos por escrito con carácter extraordinario que se pueda beber en la calle en este punto acotado de las tascas al ser un lugar tradicional”, señalaron. Precisamente esa restrictiva legislación del Consell fue el arma que esgrimieron los vecinos de la plataforma Castelló Sense Soroll para lograr que se dejara sin efecto en los tribunales el anterior artículo 26 de la ordenanza municipal.
PIDEN LA ‘LEY SECA’ // La plataforma presentó una alegación para reclamar la instauración de la ley seca en las tascas excepto en la semana de fiestas de la Magdalena, en la misma línea de la postura que han mantenido hasta ahora en los tribunales. Otras 13 alegaciones fueron un calco de la firmada por Castelló Sense Soroll, por lo que es probable que los propios miembros las firmaran también a título individual para así engordar las quejas.
La alegación restante fue presentada por la Federación de Asociaciones de Usuarios y Consumidores de Castellón en una dirección opuesta ya que reclamaba que se permita beber en la calle en cualquier punto de Castellón, no solo en las tascas. El consistorio también la ha denegado con el mismo argumento de la excepcionalidad de la norma.
La Concejalía de Sostenibilidad --que dirige Gonzalo Romero-- mantiene su intención de aprobar el nuevo artículo 26 en el pleno del próximo día 30. Un decreto de alcaldía pondrá fin a la prohibición de beber en la calle durante el mes de abril.
EJECUTIVO | Afecta a todas las administraciones
El Mundo - 23/03/2012 - Europa Press | ELMUNDO.es | Madrid
Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Ángel Díaz | Efe
Los gestores públicos que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse a 10 años de inhabilitación y una multa, según consta en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que establecerá también baremos para fijar los sueldos de los cargos electos locales.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes dicho anteproyecto, que se someterá a partir del lunes, y durante 15 días, a un periodo de audiencia pública en el que los ciudadanos trasladarán a través de internet al Gobierno sus sugerencias.
Según Soraya Sáenz de Santamaría, la ley "refuerza la transparencia de las administraciones públicas, busca laminar compartimentos opacos e impone férreas obligaciones de buen gobierno".
Dicho código de buen gobierno, con rango legal para todas las administraciones, fija las correspondientes sanciones para aquellos gobernantes que lo incumplan.
Así, el Ejecutivo considera "infracciones muy graves" algunas conductas contrarias "al buen gobierno". Sáenz de Santamaría ha explicado que serán conductas muy graves "la autorización de compromiso de gastos sin fondos, el incumplimiento deliberado de reducir la deuda pública o no formular los planes de ajuste" requeridos en cada momento, según ha explicado la vicepresidenta en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Estas infracciones "podrán llevar aparejada la destitución de los cargos públicos y la imposibilidad de poder volver a ser nombrados durante un periodo entre cinco y 10 años".
Igualmente, "las conductas de verdadero falseamiento u ocultación de datos serán constitutivas de delito", pudiendo ser "sancionadas ypenadas con inhabilitación de hasta 10 años".
Aunque no se prevé pena de prisión para este nuevo delito de falseamiento u ocultación de datos, la vicepresidenta ha recordado que se establece una pena de multa y que ésta, "si no se cumple, se sustituye por la pena de prisión".
La ley de transparencia tiene como principales objetivos regular el derecho de los ciudadanos a acceder a la información de las administraciones y fijar límites a la actuación y el comportamiento de los responsables públicos.
El proyecto obliga a modificar el Código Penal para poder sancionar las conductas más graves, que conllevarán penas de inhabilitación.
La norma permitirá tener información de todas las subvenciones, contrataciones e ingresos de cada ayuntamiento, comunidad autónoma y del Gobierno y del sueldo de los dirigentes políticos.
Según ha explicado Sáenz de Santamaría, una ley como la que aprobará el Ejecutivo -promesa electoral del PP- ya existe en la "inmensa mayoría de los países europeos" y permitirá "reforzar la credibilidad de las instituciones de nuestro país".
Asimismo, el anteproyecto de ley fija un "primer paso" para fijar baremos en la retribución salarial de los miembros de las entidades locales. Se constarán en los Presupuestos Generales del Estado de cada año.
Para fijar estos baremos, ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, se tendrán en cuenta las características de cada entidad local, el tamaño de la misma y sus circunstancias económicas o administrativas.
LA VILAVELLA INVESTIGACIÓN
Mediterráneo - 08/03/2012 - YOLANDA TENA SOLA
La fiscal delegada en delitos relacionados con el Medio Ambiente en Castellón, Margarita Sanz, ha imputado a los dueños de un bar de la Vilavella, denominado Soto y sito en la avenida Isabel la Católica de esta localidad, como presuntos autores de un delito de contaminación acústica, ya que, según el documento al que ha tenido acceso Mediterráneo, tras realizar hasta tres mediciones, una de ellas desarrollada por la Conselleria, el local incumple los límites establecidos.
Según la Fiscalía de Castellón, tras las investigaciones, “el bar Soto ha incumplido sistemáticamente los horarios de cierre y ha usado equipos de música ocasionando así ruidos que perjudican gravemente la salud de los vecinos”. Y añade: “los dueños, Remedios E.N. y Ricardo. S.S. deberán declarar como imputados”.
El Ayuntamiento de la Vilavella incumple sus obligaciones de hacer respetar la Ley de Protección contra la Contaminación Ácústica.
No ha seguido las recomendaciones del Síndic de Greuges de la CV de julio de 2009.
En dicho documento el Síndic propone,
RECOMENDAR al Ayuntamiento de Vilavella:
El documento completo: http://www.elsindic.com/Resoluciones/10194371.pdf
El Ayuntamiento, no solo no cumple con sus obligaciones reglamentarias, si no que tampoco ejecuta de forma efectiva las recomendaciones (que no son vinculantes) del Síndic de Greuges. Hacemos hincapié en la tercera recomendación, y en el recordatorio de que la vulneración de amparo al ciudadano afectado puede ser constitutivo de un ilícito penal.
Mediterráneo - DAVID P. SOLVES 06/03/2012
Ley seca o bien la supresión de cualquier limitación para poder beber en la calle. Estos dos antagonismos resumen las 15 alegaciones presentadas a la modificación del artículo 26 de la ordenanza municipal de convivencia ciudadana, cuyo plazo finalizó ayer.
La Federación de Asociaciones de Usuarios y Consumidores de Castellón reclama en su alegación que se permita beber en la calle en cualquier punto de Castellón, no solo en las tascas. Su presidente, Amalio Palacios, argumentó ayer a Mediterráneo que el consistorio debe dar “un trato igualitario” a todos los establecimientos hosteleros pero, al mismo tiempo, debe permitir beber en la calle en las tascas porque es “una costumbre muy arraigada en Castellón y forma parte de la idiosincrasia de la ciudad”. El dirigente vecinal recordó que si la plataforma Castelló Sense Soroll lograra prohibir el consumo en la vía pública se daría la “paradoja” de que dentro de los locales “no se puede fumar y en la calle no se podría beber alcohol”.
Palacios recordó que “existen otras zonas de ocio en las que el consumo de alcohol en la vía pública es algo cotidiano”, como los polígonos industriales de las afueras o la plaza de la Muralla Liberal.
La alegación de la federación vecinal es complicado que prospere porque la ley de drogodependencias de la Generalitat del año 2003 prohíbe consumir bebida en la calle y el consistorio pretende precisamente salvar esa barrera legal con la autorización expresa de un decreto de alcaldía, como dicta el nuevo artículo 26.
En el caso de Castelló Sense Soroll, su alegación reclama la instauración de la ley seca en las tascas excepto en la semana de fiestas de la Magdalena, en la misma línea de la postura que han mantenido hasta ahora en los tribunales. El consistorio también la rechazará. Las restantes 13 alegaciones son un calco de la firmada por Castelló Sense Soroll, por lo que es probable que los propios miembros hayan firmado también a título individual para engordar las quejas.
El concejal de Sostenibilidad, Gonzalo Romero, mantiene su deseo de contestar en los próximos días las 15 alegaciones y aprobar el nuevo artículo en el pleno ordinario del 30 de marzo o incluso antes mediante una sesión extraordinaria. Cuando eso suceda, un decreto de alcaldía pondrá fin a la prohibición de beber en la calle en las tascas que se prolonga desde el 29 de enero.
UN 50% MENOS // Los empresarios afectados por la prohibición temporal de beber en la calle admitieron ayer que durante este mes de ley seca la facturación ha caído un 50% menos de media. El propietario de la Tasca Nécora señaló que él y sus colegas de otros negocios “estamos poniendo dinero de nuestro bolsillo para pagar a nuestros empleados”. De momento, solo ha habido un despido. La Policía Local ha impuesto varias multas a clientes a la espera de que en un mes se pueda beber en la calle.
Levante – 07-03-12 - J.MESTRE CASTELLÓ
El Ayuntamiento de Castelló confía en que las tascas recuperen su singularidad a finales del mes de abril. Así, prevé llevar al pleno municipal de este mes la modificación de la ordenanza de convivencia que regula de nuevo el consumo de alcohol en las calles de las tascas. El nuevo artículo, que se adapta a la ley autonómica de Drogodependencia, podría entrar en vigor antes de mayo, según apuntó ayer el concejal de Sostenibilidad, Gonzalo Romero.
El ejecutivo local ha acelerado al máximo el proceso de revisión de la ordenanza para recuperar cuanto antes la idiosincrasia de las tascas. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha prohibido el consumo de alcohol en esta zona tradicional por no estar adaptada la ordenanza de convivencia a la ley de Drogodependencia. El TSJ anuló el artículo de la misma que legalizaba la ingesta de bebidas alcohólicas en las tascas. El pleno municipal aprobó el pasado 28 de enero la modificación provisional del artículo invalidado, adecuándolo a la norma autonómica. Entonces entró en vigor la prohibición y este domingo finalizó el periodo de información pública.
Ahora el ayuntamiento responderá las alegaciones -se han presentado 15- y tiene previsto ratificar el cambio en la ordenanza en el pleno de este mes, según Romero. Posteriormente se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y se deberán dejar transcurrir 15 días hábiles para que la nueva ordenanza se una realidad. Finalmente, el ayuntamiento habrá de pedir una autorización especial, tal como recoge la ley valenciana, para que las tascas puedan expender alcohol en la vía pública.
Alegaciones de Sense Soroll
14 de las 15 alegaciones han sido presentadas por vecinos contrarios a la pervivencia del modelo tradicional de las tascas, que defiende la mayor parte de la ciudad. Sense Soroll, que propone restringir el consumo de alcohol al interior de los bares, denunció ayer que las locales incumplen la ley al servir alcohol en vasos de plástico. Por su parte, la Policía Local ha emitido varias denuncias a locales y clientes.
Levante – 04-03-12 - J. MESTRE CASTELLÓ
"Los vecinos del Barranquet acusan a Fabra (Carlos) de falta de compromiso en la lucha contra la droga". Así titulaba en 1993 en una información Levante de Castelló. En aquel entonces Fabra era el concejal de Seguridad y el movimiento vecinal estaba en pleno auge reivindicativo. En los primeros 15 años de democracia protagonizaron una ola de reclamaciones para conseguir dotaciones en unos barrios que habían sido dejados de la mano de Dios en la Dictadura. Su presión, por ejemplo, paralizaba una subida del IBI en 1991 o lograba la total supresión de la antigua vía del tren. Asociaciones de los barrios periféricos de la Marjaleria, Rafalafena o el Tronío eran la punta de lanza de ese espíritu reivindicativo.
Sin embargo, el talante combativo del tejido vecinal ha perdido fuerza y se ha ido apaciguando en los últimos años, al igual que el conjunto de la sociedad valenciana. Algunos expertos consideran que en este cambio incide la mejora de las condiciones de vida de los barrios. Castelló dispone en la actualidad de cerca de una sesentena de asociaciones vecinales que suman en torno a 10.000 socios y la mayoría dispone de un local para reunirse. En la actualidad, los colectivos mantienen presencia en sus barrios organizando cursos y talleres y se implican en la vida municipal a través del Consejo de Participación Ciudadana, juntas de distrito o en los presupuestos participativos.
Otros apuntan a la excesiva vinculación a las subvenciones públicas para explicar su pérdida de vigor y su condescendencia con el poder institucional. Asimismo, el Partido Popular, formación gobernante desde 1991, ha sabido labrar una sintonía con el movimiento ciudadano, apoyando sus cursos educativos y actos festivos o habilitando sedes.
Sólo casos puntuales, como las asociaciones de Mestrets-Borriolenc, Peri 18, SOS Ribalta o Castelló Sense Soroll, han mantenido un pulso con los munícipes del PP. Las voces críticas con el ayuntamiento en los últimos años, incluyendo los de la crisis económica, han sido contadas. Tampoco se han producido protestas por la suspensión de los presupuestos participativos. Las entidades vecinales comprenden que se paralicen nuevas actuaciones por la crisis.
"Ahora se ve al movimiento más apaciguado, no sé si por que tienen más cosas", apunta Casto Moya, un histórico representante de la etapa más combativa del tejido ciudadano y exedil socialista en Castelló. Victoria Amores es otra de las dirigentes vecinales veteranas. Preside la asociación de vecinos de Doctor Marañón y dirige una de las tres coordinadoras de la capital de la Plana (Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Castelló), aunque en este caso comprende un ámbito provincial. "No es que seamos más dóciles, pero si hay diálogo no hay que ir a la guerra", subraya Amores. El colectivo de Doctor Marañón inauguró hace un año su nueva sede y el acto contó con los entonces presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y el alcalde de la ciudad, Alberto Fabra.
Además del colectivo de Victoria Amores, Castelló cuenta con otras dos federaciones: la Coordinadora de Entidades Ciudadanas y la Federación de Asociaciones Ciudadanas, Consumidores y Usuarios de Castelló. La segunda ha jugado un doble papel con la Administración municipal; la ha reivindicado y la ha cortejado a la vez. De hecho, organizó un ciclo de conferencias antes del 20N al que invitó especialmente a dirigentes del PP, caso de la diputada nacional Andrea Fabra o el alcalde de la ciudad, Alfonso Bataller, entre otros participantes.
Marisa Ribes
A la edil Marisa Ribes se la considera una de las artífices de las buenas relaciones entre el PP y los vecinos. Entró en 1991 en el ayuntamiento y las entidades vecinales destacan su proximidad. Es raro el día que no acuda a alguna asociación o a una fiesta de barrio. Cuida hasta el último detalle, hasta el punto de acudir a entierros de vecinos.
Levante - 03-04-2012 - SERGI PITARCH VALENCIA
Hay distintas versiones en las asociaciones de vecinos de Valencia sobre la influencia del movimiento 15M en la sociedad pero la mayoría concluyen que ha sido un verdadero revulsivo para despertarlos. En algunos casos, los «indignados» están regenerando el veterano movimiento vecinal e, incluso en el Barrio de La Torre, son estos jóvenes los que los que han puesto en marcha una entidad de este tipo para reivindicar una ciudad mejor, según explica Vicent Soler, presidente de la Asociación de Vecinos de Sant Marcel·lí.
Alfonso Cortés, de la asociación de vecinos de Malilla, asegura que las asociaciones «aguantan» pero con los miembros del principio (finales de los 70 y inicios de los 90). Cortés manifiesta que su asociación está en coordinación con la asamblea del 15M de su barrio y reconoce que «tienen mucha ilusión por hacer cosas». «Les hemos dejado nuestro local», asegura. Este histórico luchador vecinal de la ciudad de Valencia cree que los «indignados» pueden ser «una revitalización para la sociedad».
No se muestra tan optimista con este movimiento juvenil la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Amistad, Sol Romeu. «Hay muchos problemas vecinales pero no veo una regeneración generacional. Una de nuestras prioridades es que se cumpla la ley de dependencia». Para Romeu, los jóvenes prefieren el mundo de las ONG.
Romeu reconoce «cierto impacto» del 15M en el movimiento al que ella pertenece desde más de 30 años pero asegura, «no me atrevo a concluir que los indignados nos vayan a salvar». «El futuro es difícil vaticinarlo pero el movimiento en la actualidad se mantiene», defiende.
Vicent Soler, de los vecinos de Sant Marcel·lí, cree que la situación actual del movimiento vecinal «es difícil», porque sino se consiguen las reivindicaciones «la gente se frustra». Para Soler, «el terremoto 15M nos ha venido bien».
Las AA VV aún lideran las grandes reivindicaciones
Frente a la tendencia de otros lugares, las asociaciones de vecinos siguen liderando en muchas ciudades y municipios de l’Horta las grandes reivindicaciones, si bien no siempre se ha producido el deseado relevo generacional. En Paterna, en la batalla contra el segundo by-pass o a favor de la protección del bosque y la sanidad pública han tenido un papel destacado. Igual que en Xirivella, donde las AA VV abanderan las exigencias en Sanidad y en Infraestructuras. También en Torrent el entramado vecinal ejerce su función social. Y en Mislata, las asociaciones vecinales han sacado a la calle a 5.000 personas para reclamar un hospital público. Para muchos, aquellas protestas fueron clave en el clima que generó un cambio de gobierno local. l.s. torrent
Del combate al apaciguamiento por la vía institucional
«Los vecinos del Barranquet acusan a Fabra (Carlos) de falta de compromiso en la lucha contra la droga». Así titulaba en 1993 en una información Levante-EMV. En aquel entonces Fabra era el concejal de Seguridad y el movimiento vecinal estaba en pleno auge reivindicativo.
En los primeros 15 años de democracia protagonizaron una ola de reclamaciones para conseguir dotaciones en unos barrios que habían sido dejados de la mano de Dios en la Dictadura. Su presión, por ejemplo, paralizaba una subida del IBI en 1991 o lograba la total supresión de la antigua vía del tren. Asociaciones de los barrios periféricos de la Marjaleria, Rafalafena o el Tronío eran la punta de lanza de ese espíritu reivindicativo. Sin embargo, el talante combativo del tejido vecinal ha perdido fuerza y se ha ido apaciguando en los últimos años, al igual que el conjunto de la sociedad valenciana. Algunos expertos consideran que en este cambio incide la mejora de las condiciones de vida de los barrios. Castelló dispone en la actualidad de cerca de una sesentena de asociaciones vecinales que suman en torno a 10.000 socios y la mayoría dispone de un local para reunirse. En la actualidad, los colectivos mantienen presencia en sus barrios organizando cursos y talleres y se implican en la vida municipal a través del Consejo de Participación Ciudadana, juntas de distrito o en los presupuestos participativos.Otros apuntan a la excesiva vinculación a las subvenciones públicas para explicar su pérdida de vigor y su condescendencia con el poder institucional. Asimismo, el Partido Popular, formación gobernante desde 1991, ha sabido labrar una sintonía con el movimiento ciudadano, apoyando sus cursos educativos y actos festivos o habilitando sedes. Sólo casos puntuales, como las asociaciones de Mestrets-Borriolenc, Peri 18, SOS Ribalta o Castelló Sense Soroll, han mantenido un pulso con los munícipes del PP.
Las voces críticas con el ayuntamiento en los últimos años, incluyendo los de la crisis económica, han sido contadas. Tampoco se han producido protestas por la suspensión de los presupuestos participativos. Las entidades vecinales comprenden que se paralicen nuevas actuaciones por la crisis. j. mestre castelló
Jandro Roures | Castellón
Los empresarios de las tascas de Castellón han visto como sus ingresos han mermado entre un 50 y un 60% desde que el pasado 29 de enero se impida beber alcohol en la vía pública, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Esta circunstancia incluso, les puede suponer el cierre de los establecimientos si la situación se prolonga en exceso y tras 30 años de existencia de esta tradicional zona de ocio de Castellón en el entorno de calle Mayor y la plaza Santa Clara.
Algunos locales, en la mayoría de casos de tradición familiar, han optado por despedir a sus camareros. "Hay que rescindir contratos hasta que se revierta la situación anterior", explican los dueños de los locales.
Es tal la caída de ingresos, que no sólo se ha optado por despidos temporales sino que los camareros que quedan en plantilla han visto como se ha reducido sus horarios. "Hay que ingeniárselas para poder hacer frente a la caída de ingresos", añaden quienes estaban ya convencidos del efecto que iba a tener en su actividad la entrada en vigor de la prohibición forzada por una sentencia judicial.
Mientras, los clientes habituales siguen acudiendo a la zona de las tascas en busca de su cerveza. Eso sí, tendrán que beber junto a la barra y bajo techo. Hacerlo en la calle puede significar una multa para ellos y para el local. "Sólo falta ahora que nos sancione", indican.
De momento, uno de los establecimientos ya ha sido sancionado, así como algunos clientes que desoyeron la advertencia de que consumir alcohol en la calle está prohibido.
A finales del mes de marzo está previsto que se apruebe en pleno el nuevo artículo de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Castellón que podría devolver 'este privilegio' a los locales.
Radio Castellón - 31 de Enero de 2012 | Jesús López
A raíz de la sentencia contra el ex alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, por un problema medioambiental en esa población, que provocó su dimisión al frente de dicho consistorio, las cuestiones relacionadas con el medio ambiente a nivel municipal han sufrido un giro de ciento ochenta grados.
Hoy en día, cualquier cuestión que tenga un tinte relacionado con la contaminación acústica, acuífera, de medio ambiente, etc etc no pinta bien para el político de turno sobre todo cuando en estos momentos de nuestra sociedad desarrollada es muy difícil conjugar ocio y descanso. Podríamos hablar de la calle El laurel de Logroño, de la calle Estafeta de Pamplona o de los casales falleros en Valencia, pero cotejar estas ciudades y estas calles con las tascas de Castellón es bastante difícil. Nosotros no tenemos la misma historia ni la misma cultura que en esas ciudades, nosotros no tenemos la misma sociedad y nosotros no tenemos el tema tan regulado como lo tienen ellos por cuanto nuestro Ayuntamiento de Castellón se ha dormido desde hace tiempo con este tema. Han pasado los años y ningún político gobernante de Castellón ha sido capaz de regular, legislar y pactar la idiosincrasia de nuestras tascas con el descanso de los vecinos.
Muchos dicen que si las tascas están antes que las viviendas del centro, otros dicen que si hay intereses particulares por parte de algún miembro de la asociación Castelló sense soroll que va en contra de algún empresario en concreto de las tascas y otros dicen que las tascas forman parte de nuestra cultura. Todos tienen razón, incluso la propia asociación de Castelló sense soroll por cuanto están cansados de no poder entrar en sus casas de una forma normal, de no poder conciliar el sueño, de que en sus portales haya cristales y vómitos, de no poder oir la radio, ver la televisión o cenar tranquilos porque el ruido es insoportable todos los fines de semana.
Y en todo este galimatías, tengo muy claro que el Ayuntamiento de Castellón anda muy lento. Ahora han modificado el artículo 26 de la ordenanza de convivencia ciudadana porque entraba en contradicción con la ley de drogodependencia valenciana. De esta forma, cuando finalice el periodo de alegaciones, los responsables políticos del Ayuntamiento quieren seguir permitiendo dentro de dos o tres meses que se puedan consumir bebidas alcohólicas en la calles de las tascas aduciendo que es una tradición. Y de la misma forma, Castelló sense soroll va a presentar alegaciones a esta modificación del artículo y que pase lo que pase seguirá presentando recursos para que no se pueda beber en la calle. En definitiva, un tema complicado y enquistado, que por no tener una reunión de todos los implicados hace tiempo por parte del Ayuntamiento de Castellón, tarde o temprano tendrá una fría solución judicial que no gustará a nadie.
Esta vez parece que tampoco está dispuesto el Ayuntamiento de Castellón de la Plana a aplicar la legislación vigente, ni las sentencias de los tribunales.
La sentencia del TSJCV nº 995/2011, de 25 de noviembre de 2011, que dejaba sin efecto el artículo 26 de la Ordenanza de “convivencia”, y por lo tanto anulaba la “impunidad” que se vive en las Tascas desde el año 2001 respecto a la aplicación de la Ley sobre Drogodependencias y otros Transtornos Adictivos (DL 1/2003), sigue sin ser aplicada y controlada por el Ayuntamiento.
Durante el fin de semana patrullan la zona varias unidades de la Policía Local, pero tienen instrucciones de no actuar frente al consumo de alcohol en la calle a partir de las 22 horas. El artículo de Joan Mestre en el diario Levante pone de manifiesto esta realidad, y nos muestra la versión “oficial” de esta marrullería, “si el alcohol se sirve en vaso de plástico, no vulnera la Ley”. ¡¡ Amén !!. Imaginamos que serán directrices del fenomenal servicio jurídico del consistorio, que ya nos tiene acostumbrados a rocambolescas interpretaciones legales. Algún día deberían de hacerse publicos dichos dictámenes, si existen, sería curioso leerlos.
La segunda lectura de la noticia se relaciona con la propaganda oficial. Como el Ayuntamiento tiene que cubrirse las espaldas, su técnica ha sido siempre interponer una o varias denuncias (¿realmente se tramitan?), “por si las cosas se ponen feas”, y por “parecer que se hace”. Más de lo mismo, esta vez el botellín ha tenido la culpa.
Resulta curioso, la Policía ve el botellín,
pero está ciega frente el botellón.
Es verdad que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque.
La prohibición de beber alcohol en la vía pública de esta zona se prolongará hasta abril
Levante – 18-02-12 - J. M. CASTELLÓ
La primera denuncia presentada contra un establecimiento de las tascas por presunto consumo de alcohol en la calle acrecienta la amenaza que pesa sobre la supervivencia de la singularidad de esta zona tradicional de Castelló, que respalda la mayor parte de la ciudadanía y la totalidad de los grupos políticos con representación municipal.
Las tascas suman tres semanas sin poder servir alcohol en la vía pública. El 29 de enero entró en vigor la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que invalida el artículo de la ordenanza de convivencia que regulaba la ingesta de bebidas alcohólicas en el exterior de las calles que concentran las tascas. Desde entonces, las tascas han dejado de expender botellas de vidrio al exterior y sirven como alternativa en vasos de plástico a los clientes que quieren continuar bebiendo en la calle. La unidad policial dispuesta por el ayuntamiento para velar por el cumplimiento del fallo respeta los vasos de plástico y vigila que no se beba en cristal. Hasta ahora, la situación en las tascas transcurría con normalidad, pero una reciente denuncia presentada contra un local ha perturbado la tranquilidad de la zona, que con los vasos de plástico están logrando aminorar los efectos negativos de la prohibición. De momento, sólo ha sido una denuncia, confirmada por el propietario del establecimiento. La multa podría ascender a los 150 euros.
Los locales se esmeran para evitar que se expenda bebidas alcohólicas en el exterior, pero la importante afluencia de público a este punto complica el control de todos los clientes.
Los propietarios confiaron ayer en que esta prohibición acabe cuanto antes y que las tascas mantengan la excepcionalidad que iniciaron hace más de 30 años. "Es absurdo lo que está pasando", manifestó un hostelero. Los locales temen perder un 50% de ingresos por esta prohibición.
La singularidad de las tascas permanecerá sin su cobertura legal hasta que el ejecutivo local apruebe la modificación de la ordenanza. El pleno del 27 de enero inició el proceso de revisión, que incluye la condición que exige el TSJ. El trámite se encuentra en el plazo de presentación de alegaciones y la corporación municipal confirmará en abril la nueva ordenanza que pretende garantizar la continuidad de las tascas. Castelló Sense Soroll todavía no ha desvelado si presentará alegaciones, aunque todo hace indicar que lo hará, pues el objetivo de la entidad, impulsora del recurso al TSJ, es acabar con el modelo tradicional de las tascas. Sense Soroll también considera la ingesta actual en vaso de plástico vulnera la ley.
