Fiscalía advierte de que los ayuntamientos "no adoptan medidas" contra el exceso de ruido en las ciudades
El Ministerio Público no entiende cómo "siguen sin llegar denuncias por contaminación acústica" por parte de las administraciones locales
SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Medio Ambiente ha advertido de que los ayuntamientos andaluces "no adoptan medidas correctoras que protejan a los vecinos que soportan niveles excesivos de ruidos en sus viviendas" y ha mostrado su inquietud por el hecho de que "siguen sin llegar prácticamente ninguna denuncia por ello a la Fiscalía o a los Juzgados de Instrucción".
De este modo, en su memoria correspondiente a 2009, consultada por Europa Press, la Fiscalía indica que durante el año 2009 "se han incoado sólo 12 procedimientos por contaminación acústica y únicamente uno de ellos lo ha sido a instancia de la administración local originariamente encargada de las inspecciones, controles y del ejercicio de la potestad sancionadora", competencia derivada de las ordenanzas municipales sobre ruidos, así como de las legislaciones estatal y autonómica.
Del mismo modo, señala que, como se ha podido comprobar al solicitar copia de los expedientes administrativos incoados por exceso de ruido, son una "excepción" los ayuntamientos que cuentan con pruebas sonométricas, los que acuerdan el precinto de aparatos emisores de ruido o los que ordenan suspender la actividad ilegal. Además, añade, son una "rareza" los que ejecutan lo acordado.
"Formalmente parece perseguirse la actividad irregular, pero materialmente no se adoptan medidas correctoras que protejan a los vecinos que soportan la inmisión excesiva de ruidos en sus viviendas", asegura el Ministerio Público. Hay que destacar que la contaminación acústica es el principal problema ambiental que identifican los ciudadanos en el ámbito municipal, según el Ecobarómetro de Andalucía.
Asimismo, lamenta el "retraso" que supone para la obtención de pruebas que la Fiscalía tenga que dirigirse a los ayuntamientos para que informen sobre si han concedido licencia para la actividad a la que aluden los denunciantes, así como las medidas de control y correctoras que hayan tenido lugar. "Cuando se comienzan a investigar los hechos, como regla general, hace meses o años que vienen produciéndose", subraya.
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