Imputados 25 empresarios por la trama de corrupción en Ciutat Vella - Barcelona.

 

Irregularidades en la concesión de permisos a locales de ocio

• Dos documentos encontrados en unos registros judiciales desentrañaron los supuestos pagos

• Los acusados presuntamente sobornaron a un funcionario municipal a cambio de licencias

El Periódico - Jueves, 15 de julio del 2010 - J. G. ALBALAT / Barcelona

En el proceso judicial por presunta corrupción en la concesión de licencias municipales han declarado como imputados 25 empresarios del ocio y propietarios de apartamentos turísticos en Ciutat Vella, acusados de sobornar a los miembros de una trama en la que está implicado Heliodoro Lozano, que durante ocho años (entre el 2001 y el 2008) fue jefe de servicios técnicos del distrito y que después fue nombrado director de licencias y espacio público en Nou Barris. Este funcionario, suspendido de funciones, fue detenido en diciembre del 2009 y ha permanecido en prisión hasta el 13 de junio por la concesión de licencias irregulares a apartamentos turísticos, a restaurantes y a un hotel de Ciutat Vella.

Heliodoro Lozano.

Fuentes jurídicas aseguraron ayer a este diario que algunos de los empresarios imputados admitieron que pagaron sumas de dinero a la red, en la que figura también el ingeniero industrial Joaquim Quílez (implicado además en el caso Saragota). Otros propietarios de apartamentos, sin embargo, matizaron que el pago de diversas cantidades eran por otros servicios y no por soborno. Sin embargo, la jueza Elisabet Castellló y la fiscalía anticorrupción, que han impulsado las pesquisas, tienen en su poder listados que incluyen los nombres de los empresarios y las cantidades desembolsadas. Los documentos fueron hallados en el registro del despacho del ingeniero industrial y en el ordenador personal del funcionario. También está imputada Elena Ariza, que ha trabajado en el área jurídica del Ayuntamiento de Barcelona.

EL REGISTRO /

Las primeras pistas sobre estos presuntos sobornos se hallaron en la investigación que se desarrolló en verano del 2007 sobre una red de prostitución ilegal en los clubs de alterne Saratoga y Rivera, de Castelldefels, y que derivó en un caso de supuesta corrupción policial y municipal. En el transcurso de estas pesquisas se practicó una entrada y registro en el despacho del ingeniero Quílez, que fue encarcelado. Los Mossos d'Esquadra, que se encargaron de la operación, hallaron allí un papel con anotaciones sobre cobros de dinero. En el mismo documento, según fuentes conocedoras del proceso, figuraba el nombre «Helio» y el reparto de las cantidades percibidas.

LOS EXPEDIENTES /

Al descubrirse este documento, la jueza, en coordinación con la fiscalía anticorrupción, abrió una investigación separada de la del Saratoga. El consistorio remitió también la denuncia de un particular al distrito de Ciutat Vella. Una conversación de Quílez y otras averiguaciones permitieron a los investigadores corroborar que ese tal «Helio» era Heliodoro Lozano. A partir de ahí, se realizó un exhaustivo examen de expedientes municipales y se acumularon pruebas sobre su relación con el ingeniero industrial y las irregularidades en la tramitación de licencias de actividad, sobre todo de apartamentos turísticos.

Lozano fue detenido y el 16 de diciembre pasado ingresó en prisión, tras declarar ante la jueza. En una entrada y registro en su domicilio, los investigadores rastrearon su ordenador y descubrieron un largo listado de nombres con una cantidades de dinero relacionadas. En ese documento, figuraba el hotel de Ciutat Vella. A partir de ahí, empezaron a declarar los empresarios y dueños de apartamentos.

AMENAZAS A LA CONCEJALA /

A Lozano y Quílez se les imputan varios delitos de cohecho (soborno a funcionarios), aunque al segundo también se le atribuyen amenazas. La víctima de estas coacciones fue la que era concejala de Ciutat Vella, Itziar González, que dimitió el pasado abril y ha declarado durante el proceso judicial. Fue precisamente con la llegada al distrito de González cuando Lozano cayó en desgracia. Al final, fue trasladado en junio del 2008, primero a la dirección general de Infraestructuras y Urbanismo, donde estuvo hasta marzo del 2009, y después a Nou Barris. La ahora exconcejala recibió mensajes amenazadores y sufrió un robo en su casa, lo que provocó que se le diera protección policial. Tambíén fue presionada por la trama la gerente de Ciutat Vella y otra funcionaria, que ha tenido que abandonar su trabajo.