..Onda. Los vecinos habían formalizado sus quejas..
Onda cierra dos ‘casals’ tras las denuncias por su ruido
La peña Espolsà quedará precintada por la Policía Local la próxima semana..
Mediterráneo - 15/01/2011 - ALEJANDRA MARINER
El Ayuntamiento de Onda ha ordenado el cierre de dos casals que, de forma habitual, permanecen abiertos más allá de las fechas festivas autorizadas. Este hecho se produce tras las numerosas quejas vecinales que han derivado en varias denuncias interpuestas ante la Administración local y también ante el Síndic de Greuges.
Desde el consistorio ondense notificaron el pasado miércoles a la peña Espolsà, cuya sede está ubicada en la calle Río Mijares, que la policía local precintará dicho local a lo largo de la próxima semana a fin de cumplir la orden de cierre que se les ha remitido y que supone la prohibición de actividad alguna en dicho emplazamiento por un periodo de un mes, según explican fuentes municipales.
Las mismas fuentes comentan que, el pasado diciembre, ya se presentó una primera orden de cierre también contra otro casal denunciado, en esta ocasión el de la peña Ataskà (aunque en la actualidad estaba ocupado por otra) situado en la calle Metge Miquel Ximeno, y que, a día de hoy, sigue cerrado.
LOS ANTECEDENTES
El Ayuntamiento recibió en noviembre un informe del Síndic, José Cholbi, instando al Gobierno local a adoptar las medidas que fuesen necesarias para prevenir la contaminación acústica, recomendación que envió tras recibir la queja de un vecino de Onda que recurrió a esta institución para denunciar las continuas molestias por ruidos que padecía en su propio domicilio por parte de uno de los casals que permanece abierto durante todo el año.
La respuesta municipal al escrito del Síndic defendía su actuación en este sentido, al considerar que se habían cerrado varios casals desde mayo del 2009, según la legalidad vigente y cuando se entendía que estos incumplían los expedientes sancionadores que se les imponen al contravenir la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno, pero recordando, a su vez, que “el Ayuntamiento no puede controlar ni impedir que los propietarios de los inmuebles los arrienden”, según rezaba su propio informe.
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