Continúa el juicio en Cantabria contra los dueños de un bar a los que se pide cárcel por contaminación acústica
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria continuará este miércoles, 8 de junio, a las 10.00 horas el juicio contra los tres propietarios del bar La Red Cultural, en Santander, contra quienes el Ministerio Fiscal pide penas de cinco años de prisión para cada uno de ellos por delitos contra el medio ambiente, en relación con el ruido.
Los hechos sucedieron en junio de 2002, y tienen su origen en la denuncia de un matrimonio y sus dos hijos, que vivían en un inmueble cuyo suelo era el techo de La Red Cultural, establecimiento que ya no existe.
El propietario de esta vivienda presentó continuas denuncias por el ruido de la música, lo que dio lugar a un expediente sancionador por parte del Ayuntamiento de Santander, por el incumplimiento del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Esto provocó una sanción de 601 euros por la 'pasividad' de los propietarios en corregir las deficiencias, según subraya el Ministerio Fiscal, que enumera como hubo más sanciones y en 2003 se llegó a decretar el cierre, ante el incumplimiento de la normativa municipal de insonorización.
También se vulneraba la Ley Estatal de 2003 sobre ruido, y los límites fijados en la Ordenanza Municipal de Santander sobre Protección del Ruido Ambiente contra Ruidos y Vibraciones.
El Ministerio Público incide en los efectos del ruido sobre la salud, entre los que cita el estrés, la disminución de la eficacia del sistema inmunológico y los problemas de sueño que pueden generar cansancio, bajada del rendimiento intelectual, irritabilidad, ansiedad o depresiones, síntomas que en algún caso se dieron en los afectados.
El hombre, expone el Fiscal, sufrió trastornos y agresividad que requirieron ayuda psíquica, y la mujer padeció una enfermedad neurodegenativa, afectada negativamente por la falta de descanso.
En 2007 vendieron el piso (la acusación particular, el hombre, hace hincapié en las dificultades para vender precisamente por el local, hasta el punto de que no pudieron hacerlo hasta que cesó la actividad del mismo) y ella falleció en 2008.
El Ministerio Fiscal considera a cada uno de los tres acusados responsable de un delito contra el medio ambiente, penado con cinco años de prisión y una multa de 13.500, además de indemnizaciones por valor de 6.300 euros, todo para cada uno de los acusados.
La petición de penas que hace la acusación particular, el perjudicado, es inferior: dos años y dos meses de prisión, un año de inhabilitación para actividades hosteleras e indemnizaciones de 14.000 euros, y, en el caso de la mujer, una cifra por determinar, pero no inferior a los 150.000 euros.
Esta parte también reclama, en caso de impago, la responsabilidad civil subsidiaria en las indemnizaciones del Ayuntamiento de Santander, al que reprocha que no adoptara 'de forma tajante' medidas para la privación del ruido, en una actitud que califica de 'tolerancia de una situación ilegal e injusta'.
El juicio ya ha celebrado la primera de sus vistas, y este miércoles tendrá lugar la declaración del propietario del piso que denunció los ruidos.
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