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viernes, 10 de junio de 2011

Valencia. Funcionario municipal condenado por estafa.

VEREDICTO DEL JURADO

El funcionario, culpable de estafa con las licencias

Las Provincias - 02.06.11 - A. G. |

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Ernesto Pons, funcionario del Ayuntamiento de Valencia que cobró a seis comerciantes por agilizar las licencias de sus negocios, fue declarado ayer culpable por el jurado. El tribunal popular emitió su veredicto por unanimidad tras varias horas de deliberación. Ahora, el magistrado redactará la sentencia e impondrá la pena. La Fiscalía pedía para el acusado dos años y seis meses de prisión por un delito de estafa. El hombre ya tiene antecedentes por este mismo delito e incluso fue expedientado en su día por el Consistorio.

El funcionario, que a día de hoy sigue trabajando en el Ayuntamiento de Valencia, se aprovechó del coche oficial para establecer lazos de confianza con los titulares de los negocios. A partir de ahí, les aseguraba que él podía solucionar el asunto de las licencias siempre a cambio de dinero. Llegó a recaudar unos 12.000 euros de todos los negocios.

Durante el juicio, los afectados, entre los que estaba el exjugador del Levante Congo y el hijo del expresidente del Valencia Francisco Roig, declararon que se sintieron engañados. Nada de lo que prometía el funcionario se cumplía luego. En algunos casos ni llegó a presentar la documentación que le facilitaron los dueños de los negocios.

 

Hallan culpable al funcionario que cobró por agilizar licencias

El acusado se enfrenta a una condena de entre dos y seis años de prisión tras estafar a seis comerciantes - El tribunal del jurado dicta el veredicto por unanimidad

Levante – 02-06-11 - RAMÓN FERRANDO VALENCIA

El tribunal del jurado halló ayer culpable de un delito de estafa al funcionario del Ayuntamiento de Valencia que cobró a comerciantes y hosteleros para agilizar la concesión de licencias de apertura. El acusado estafó al exjugador del Levante Edwin Congo y a un hijo del empresario Francisco Roig. El procesado, Ernesto P. A., ya fue condenado hace cuatro años a dos años de cárcel por otra estafa. El magistrado que presidió el juicio debe imponer al funcionario una pena de entre dos y seis años de prisión.


El imputado, que se encontraba de baja por enfermedad desde octubre de 2008, presuntamente contactó con diversas personas que eran titulares de establecimientos en Valencia y que tenían problemas para obtener la licencia.


El procesado visitaba a las víctimas con un coche oficial del Ayuntamiento de Valencia y les garantizaba que con su ayuda obtendrían antes las licencias de apertura.


El exjugador del Levante explicó en el juicio que entregó 3.500 euros a Ernesto P. A. porque le dijo que obtendría el permiso para su restaurante en la calle Calixto III de Valencia. Congo señaló que el acusado se presentó "como trabajador del área de Actividades del Ayuntamiento de Valencia". El exjugador añadió que el funcionario le dijo que el dinero lo necesitaba para una provisión de fondos.


Francisco Roig, hijo del expresidente del Valencia, manifestó que tenía un taller mecánico y que llevaba años intentando obtener la licencia de apertura porque "era un proceso muy farragoso". Roig lamentó que el estafador le tomó "el pelo y toda la caballera".


El imputado es funcionario de carrera y estaba adscrito al Servicio de Disciplina Urbanística con categoría de Inspector de Obras. En concreto, se dedicaba a supervisar la conservación de los edificios y de solares en el departamento de ruinas.
El Ayuntamiento de Valencia suspendió al procesado de funciones el 20 de febrero de 2009. El acusado ha vuelto a su puesto de trabajo, según reveló en el juicio el fiscal, porque el ayuntamiento esperaba la resolución penal para adoptar las medidas disciplinarias definitivas.


El funcionario tiene otra condena firme de dos años de prisión y ocho meses de multa por otra estafa que cometió en Yecla. El acusado fue contratado como contable para liquidar una empresa en Murcia. El procesado se apoderó de un talonario vinculado al Banco Santander y tras imitar la firma obtuvo un total de 7.705 euros. El imputado cometió los hechos en el verano de 2003, según la sentencia de la Audiencia de Murcia.

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