TRIBUNALES | cantabria
«Noche tras noche sin dormir, ni llevar vida normal por ruidos y vibraciones...»
Declara el padre de la familia que vivía encima de un bar de Magallanes. Los dueños se enfrentan a cinco años de cárcel por contaminación acústica
El Diario Montañés - 09.06.11 - MARIÑA ÁLVAREZ | SANTANDER
El denunciante (delante) prestó declaración ayer en la Audiencia, ante los tres acusados (detrás). / Foto y vídeo: Sane
VÍDEOLa familia Mena compró en 2002 un piso en la calle Magallanes, sin dar importancia a que justo debajo había un pub. Su suelo, de madera, era el techo del bar y, nada más instalarse -el matrimonio y dos niños, de tres y ocho años-, llegaron los problemas. Y tan graves fueron que el bar 'La red cultural' acabó cerrando, pero años más tarde, después de «más de cien escritos, denuncias y llamadas a la Policía Local y hasta al Defensor del Pueblo», según declaró ayer en calidad de testigo y parte acusadora, el padre de familia, que aún hoy sigue medicándose, «con unas pastillas para tranquilizarme por el día y otras para dormir por la noche».
Los tres dueños del bar se enfrentan a una petición de penas, por parte del Ministerio Fiscal, de cinco años de cárcel y multa de 13.500 euros por un delito contra el medio ambiente, al considerar que estos vecinos vieron su salud afectada por elevados niveles de ruido.
«Nos fuimos a vivir a finales de junio, noche tras noche sufríamos ruidos y vibraciones, no acababan nunca, no podíamos dormir ni llevar una vida normal...», relató en el juicio que ayer concluyó en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. A los pocos días interpusieron la primera denuncia y, según su declaración, un año después a su mujer -que ya falleció- le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad degenerativa que padeció junto a un trastorno depresivo «con estrés e insomnio» por los problemas de ruidos.
La acusación sugiere que estos ruidos pudieron contribuir a la sintomatología de la mujer, por lo que pide para sus herederos no menos de 150.000 euros como responsabilidad civil, más 7.000 para el viudo y 3.500 para cada uno de los dos hijos. Señala como responsable civil subsidiario al Ayuntamiento de Santander, «por propiciar una situación ilegal e injusta». A todo esto se suma que el matrimonio tenía una asesoría en la misma vivienda, que empezó a perder clientes. «No podíamos trabajar con la más elemental dignidad, estábamos muy mal, los clientes no querían saber nada... Fue un desastre total», dijo el vecino.
Los abogados del bar intentaron centrar la defensa en las fechas en las que le diagnosticaron ELA a la mujer, ya que sostienen que cuando se fue a vivir a ese piso ya tenía los síntomas y que el marido se contradice sobre cuándo empezó todo.
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