CÁCERES
El grupo antirruido se querella contra 16 bares de la Madrila y el Consistorio
Cacereños contra el Ruido, con 19 vecinos afectados, acusa a tres miembros del Gobierno de un delito de prevaricación medioambiental
Hoy - 06.05.11 - MANUEL M. NÚÑEZ | CÁCERES.
Escaleras de la Madrila en la madrugada de Año Nuevo. :: L. CORDERO
Sesenta y seis páginas. En ellas se describen con todo detalle los trabajos del Seprona, el servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, en la Madrila. Ese informe y otro de contenido jurídico son la base de la querella que ha presentado la asociación Cacereños contra el Ruido contra 16 locales de la zona así como contra el propio Ayuntamiento, en este caso, por un supuesto delito de prevaricación medioambiental.
El colectivo antirruido señala a la alcaldesa, Carmen Heras, y a los concejales en los que recaen las competencias de Seguridad y Medio Ambiente. A los hosteleros se les acusa de cometer un presunto delito de contaminación acústica (contra el Medio Ambiente). 19 vecinos afectados por el ruido de los bares y la «inactividad de la Administración», a la que inculpan por hacer la vista gorda ante este grave problema que sufren desde hace años, están detrás de una denuncia que llegó al juzgado de guardia hace tres semanas y que sigue pendiente aún de ser admitida o no.
Este paso no es el primero que da el colectivo que preside Antonio Durán, que ayer eludió pronunciarse sobre el alcance de esa decisión. Confirmó dos cuestiones, pero no quiso entrar en el fondo del asunto. Por un lado que la querella fue presentada «con abogado y procurador, como corresponde» el día 18 de abril. Por otro, que llevar ante el juez a tres integrantes del actual equipo de Gobierno, incluida la propia alcaldesa, no es interpretable en clave política. «La noticia se ha conocido ahora, pero nuestro deseo era no hacerla pública hasta que el juez se pronunciase. Las elecciones de mayo no tienen nada que ver. En nuestra asociación somos un centenar de miembros y los hay del PP y del PSOE».
Antes de ir al juzgado, Cacereños contra el Ruido ya consiguió que la Fiscalía abriese diligencias. En marzo, el TSJ emitió una sentencia que anula parcialmente la Ordenanza del Ruido, tras una impugnación de este mismo grupo. Además, presentó denuncia ante el Defensor del Pueblo en 2009. En su escrito aludió a quejas que se llevan repitiendo años y que no han obtenido respuesta: incumplimiento de horarios, niveles de contaminación acústica alarmantes, acumulación de personas en la calle consumiendo alcohol o gritando y permisividad con locales en los que se celebran conciertos pese a no tener licencia para ello.
El Defensor del Pueblo confirmó entonces que siete bares eran objeto de investigación. La lista de los que cita Cacereños contra el Ruido en el informe que ha servido de base a la querella incluye una veintena de negocios. Finalmente, la denuncia se dirige a 16, aunque en el texto se aclara que el número podría verse ampliado. Los querellantes se manifiestan «hartos» por el abandono que sufren por lo que se ven obligados a acudir a la tutela judicial. No se muestran contrarios a la actividad de los hosteleros, a los que consideran decisivos en el desarrollo de la economía de la ciudad. Sin embargo, piden que se cumpla la normativa y apuestan por zonas de ocio específicas, en lugar del desarrollo de locales de fiesta en áreas residenciales como la propia Madrila.
El trabajo efectuado por el Seprona, con mediciones en domicilios en noviembre y diciembre de 2009, también supuso un espaldarazo para el colectivo antirruido. Calles como Hernán Cortés, Niza, Doctor Fleming y Santa Teresa fueron escrutadas en diferentes viviendas y se superaban los valores límite. «Los hechos expuestos pudieran ser constitutivos del ilícito penal contra los recursos naturales y el Medio Ambiente», subraya en su informe el Seprona, que propone «a la mayor brevedad posible» la adopción de medidas preventivas. La fecha del expediente es agosto de 2010. Cacereños contra el Ruido denuncia que ni se han tomado medidas ni está previsto que la Administración lo haga.
La querella apunta en una dirección que ya marca el Seprona en su informe, ese posible delito por ruido contra el Medio Ambiente que se recoge en el artículo 325 del Código Penal. Contempla penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por un tiempo de uno a tres años.
A los miembros del Gobierno se les acusa de un delito de prevaricación medioambiental (artículo 329 del Código Penal). Alude a concesión de licencias manifiestamente ilegales para actividad contaminante. Se castiga con prisión de seis meses a tres años o multa de ocho a 24 meses.
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